En la guerra del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial y, específicamente, contra los jueces que liberan a presuntos delincuentes, en el caso de Veracruz ya dictó su sentencia.
Desde su llegada al gobierno, la Cuarta Transformación ha señalado y denunciado penalmente a jueces por liberaciones que, a su consideración, no debieron ocurrir, pero se lograron por la complicidad de los juzgadores con grupos de élite.
El mandatario ha señalado a cada uno y los casos en que ha participado, y el caso de la jueza de control Angélica Sánchez de Veracruz, no pasó desapercibido. La liberación desde su tribuna de Itiel “N”, un presunto generador de violencia en la entidad y objetivo prioritario del gobernador Cuitláhuac García, fue la razón.
Sánchez fue detenida por primera vez el 5 de junio por elementos de la Policía Ministerial de Xalapa, pero familiares y abogados acusaron irregularidades. La jueza denunció tortura, pero nunca aclararon los cargos que se le buscaban imputar y salió libre dos días después.
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Sin embargo, el viernes 16 de junio, cuando se dirigía a una audiencia con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña y minutos después de estar en el Senado de la República, en la Ciudad de México, fue apresada nuevamente.
Acusada de tráfico de influencias y del delito contra la fe pública, elementos de la Guardia Nacional la detuvieron al salir de un hotel, fue trasladada a la Fiscalía Antisecuestro y posteriormente trasladada al penal Pacho Viejo en Veracruz, donde se le impuso un año de prisión preventiva y se prevé que sea el próximo miércoles cuando se resuelva su situación jurídica.
El gobernador morenista, Cuitláhuac García, quien afirmó que la detención de la funcionaria era por mantener comunicación directa con abogados y familiares de el Compa Playa, presunto homicida del líder cañero Juan Carlos Molina, y a quien se le acusó de liberar, fue respaldado por el presidente López Obrador.
“Nunca se había conocido un caso en donde la orden fuese dejarlo en libertad en una hora. Creo que lo que se usaba también atípico era 24 horas, lo más normal en 72 horas, ya eso muestra que no es transparente el proceso legal”, concluyó el mandatario en su conferencia matutina de este martes.
Desde Palacio Nacional, López Obrador aprovechó para asegurar que es un daño a la gente, a los ciudadanos, el liberar a presuntos delincuentes, porque los ponen en riesgo, y mostró su respaldo al Gobernador de Veracruz por su denuncia y acusación en contra de la jueza Angélica Sánchez.
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