El tema de los desaparecidos en el país es una herida abierta que causa dolor a miles de personas; sin embargo, en las últimas semanas, el número de registros se han convertido en el centro de la polémica.
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la excomisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, acusándola de responder a intereses de derecha y desestimando la cifra de 126 mil desaparecidos.
La polémica surge a menos de un mes de la presentación oficial del censo, que promete arrojar luz sobre la situación real de las desapariciones en el país.
La administración actual, en la fase final de la recolección de datos, ha subrayado la participación de todo el gobierno en el proceso, buscando corregir lo que el presidente calificó como una actitud irresponsable en la gestión pasada.
López Obrador, conocido por su estilo directo, aseguró que presentará pruebas de que el censo anterior no estaba bien manejado y que Quintana y otros formaban parte de una organización de derecha.
El presidente también arremetió contra el senador Emilio Álvarez Icaza y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusándolos de estar en contra de su gobierno y vinculándolos con la excomisionada.
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El censo en curso, según López Obrador, buscará demostrar la realidad detrás de las cifras de desapariciones y desacreditar a quienes, según él, difamaron a su administración.
Por su parte, Karla Quintana respondió a las críticas reconociendo posibles casos de sobrerregistro, pero señalando que las autoridades también eran responsables de la falta de homologación de criterios en la recopilación de datos.
La excomisionada desestimó las acusaciones personales y destacó el papel de los colectivos y las víctimas en la búsqueda de personas desaparecidas, sugiriendo que las autoridades no cumplían con sus responsabilidades.
La controversia no sólo se centra en las acusaciones mutuas entre el Presidente y la excomisionada, sino también en la forma en que se manejó la problemática de las desapariciones en la gestión pasada.
Con más de 113 mil personas desaparecidas oficialmente registradas desde 1962, y más del 41% de esos casos ocurriendo en los últimos cinco años, el nuevo censo promete ser un punto de inflexión en la percepción y la gestión de este fenómeno en México.
El debate sobre la transparencia y eficacia de las políticas gubernamentales destinadas a abordar el problema de las desapariciones se intensifica con esta controversia entre el actual gobierno y la administración anterior.
Con la presentación del censo a la vuelta de la esquina, las revelaciones que se avecinan podrían tener un impacto significativo en la percepción pública y la toma de decisiones en relación con este grave problema en el país.
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