Preservar la seguridad nacional y energética, así como la economía son los propósitos en los cuales se fundamenta la reforma petrolera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien envió a la Cámara de Diputados la iniciativa con la que busca limitar los permisos otorgados al sector privado.
El documento que el mandatario tabasqueño mandó a San Lázaro contempla que la Secretaría de Energía y las Comisión Reguladora de Energía tengan la atribución de suspender las concesiones que se le otorga a privados para el tratamiento y refinación del petróleo, así como para el procesamiento de gas natural, la venta y compra de hidrocarburos.
Lo anterior se daría cuando las autoridades referidas consideren que existe un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
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De existir alguna de estas condiciones, ambas organizaciones tendrían la facultad de cancelar “los permisos establecidos” en la Ley de Hidrocarburos. Esto está referido en el artículo 59 Bis, el cual se propone añadir a dicha legislación.
La iniciativa de López Obrador también refiere un cambio al artículo 57 de esta ley, con la cual se añada la suspensión de permisos otorgados a privados con la finalidad de “garantizar los interese de la nación”.
Cabe señalar que el antecedente inmediato de una situación de esta naturaleza es la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que López Obrador hizo y la cual fue aprobada por diputados y senadores. Sin embargo, desde hace unas semanas jueces han concedido suspensiones provisionales y definitivas en contra de esta iniciativa del presidente, la cual ha sido criticada por el cierre a las energías renovables en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). GA
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