AMLO propone reforma a la Ley Federal de Justicia Administrativa

La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley Federal de Justicia Administrativa (LFJA), en lo que respecta al funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de las y los magistrados del Tribunal.

La propuesta del jefe del Ejecutivo establece, entre otras cosas, la remoción de los integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por “ineptitud o descuido”, además de ampliar el periodo de su presidente de tres a cuatro años.

En caso de ausencia del presidente del TFJA, la iniciativa presidencial establece que el cargo recaerá en manos del magistrado con mayor tiempo en el cargo.

En los motivos para remover a los magistrados se incluyen delitos sexuales, valerse de sus cargos para promover o avalar contrataciones de amigos y familiares, y perder la “dignidad, imparcialidad y profesionalismo” de sus funciones judiciales.

La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Justicia Administrativa se turnó a las comisiones de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción, y de ser aprobada se permitirá que las sesiones del Tribunal sean grabadas para garantizar el ejercicio de transparencia del organismo.

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Pese a lo anterior, se establece la total “confidencialidad de la información” respecto a los procedimientos al interior del Tribunal que involucren a agentes ministeriales, periciales y policías federales, esto con la finalidad de evadir faltas administrativas.

En cuanto a los integrantes del TFJA, se propone que los miembros de la Sección Tercera sean elegibles para ocupar la presidencia, aunque establece la preferencia al decano en la respectiva nominación.

El texto enviado a San Lázaro por el primer mandatario añade un plazo de 10 días después de la sesión correspondiente para que los magistrados emitan sus votos particulares.

Respecto a los requisitos para la elección de magistrados, se fija un mínimo de ocho años de experiencia en todas las materias de competencia del Tribunal, lo que garantiza la “solvencia profesional, calidad ética, capacidad de análisis y razonamiento lógico-jurídico”. EJ

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