Tras advertir que evidenciará casos y jueces como parte de sus argumentos para mantener la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador “invade” funciones y decisiones del Poder Judicial, pero además se abstiene de señalar las responsabilidades de las policías y las fiscalías del país en el tema de las liberaciones anticipadas.
“Vamos a presentar los casos, vamos a cuidar los nombres, y le vamos a enviar todo al Poder Judicial, a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura, que no han hecho nada o muy poco, porque deberían de estar ellos ahí,”, acusó hoy el mandatario, en vísperas de que el Pleno de la SCJN discuta la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con abogados consultados, la presión que está ejerciendo el presidente López Obrador para mantener la prisión preventiva oficiosa, además de “invadir” las decisiones del Poder Judicial, politiza incorrectamente una cuestión judicial, y hace señalamientos sin pruebas.
Al respecto el abogado penalista Gabriel Regino García sostuvo que, si bien es un ejercicio “inédito”, la entrega de esos argumentos no implica un acto inconstitucional, pero sí puede ser visto como “un mecanismo de presión ante un tema polémico”.
Por su parte, el abogado José Leonel Andrade Alarcón sostuvo que “la denuncia es como linchar a jueces, y decir que no los voy a nombrar. Pero si tienes pruebas acúsalos, somételos al escrutinio de la ley y de sus pares. No puedes hablar sin pruebas porque eso es invasivo del poder judicial. Es como si
tratará de purgar al Poder Judicial, por así llamarlo”.
Apunta al Poder Judicial, pero olvida a la FGR. El Poder Judicial se va a pronunciar sobre algo que es un asunto técnico, que está en los tratados internacionales y que puede ser contrario a esos tratados y que se debe eliminar de la Constitución, pero eso le va a corresponder al Poder Legislativo. No va a haber una reforma legislativa al código nacional de procedimientos, aquí la Corte va a ver si México está cumpliendo con sus compromisos y lineamientos internacionales, acorde a las decisiones de la Corte Interamericana.
Para el abogado David Peña Rodríguez la “evidente presión” que el presidente está ejerciendo en los ministros, es contradictoria por dejar fuera del debate las responsabilidades de los policías, los ministerios públicos y en general de las fiscalías, principalmente de la Fiscalía General de la República (FGR), a cuyo titular, Alejandro Gertz Manero le ha refrendado su confianza.
