A pesar del malestar de empresas nacionales y extranjeras de los gobiernos de Europa y Estados Unidos, y de un revés por parte de los tribunales locales, el gobierno federal tiene un plan “B” para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelva a ser un monopolio estatal, y para ello el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional.
“En cuanto a la industria eléctrica, este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño qué causó la privatización al sector público y a la economía popular. Mientras el mercado de la industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares nacionales, sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios entre otras prebendas, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas”, dijo hoy el presidente en su discurso con motivo del Tercer Informe de Gobierno.
Para el consultor privado en energía, Ramsés Pech, el Estado carece de los recursos para invertir en energía eléctrica, por lo cual debería impulsar la participación de los privados.
La promesa López Obrador se hace después de que en febrero pasado, el presidente envió una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual fue aprobada en fast track por el partido político del presidente, Morena. Sin embargo, por considerar que la nueva Ley impedía la competencia, en abril la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además, para otros expertos la LIE aprobada violaba el “trato nacional” que tiene la obligación de dar el Estado mexicano a empresas extranjeras, según lo establecen los tratados de libre comercio. Hasta el 10 de agosto pasado, según la revista especializada Oil & Gas Magazine, un juez otorgó amparos contra la LIE a seis empresas.
CFE, ¿punta de lanza?
Según el Presidente, “la meta es que tengamos abasto público suficiente de energía eléctrica”, para ello están modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón en la producción de electricidad.
Sin embargo, organizaciones empresariales de Estados Unidos, Canadá y Europa han manifestado su malestar al gobierno mexicano sobre su política energética. Incluso, el Departamento de Estado de la Unión Americana advirtió sobre la incertidumbre legal en México en el sector energético.
“Los esfuerzos para revertir la reforma energética de 2014, incluida la ley de reforma de la electricidad de marzo de 2021 que prioriza la generación a la empresa del Estado CFE, aumentan aún más la incertidumbre. Estos factores elevan el costo de hacer negocios en México”, advirtió el Departamento de Estado en julio pasado.
Según un reporte del despacho Holland & Knight, la nueva LIE tiene reglas de despacho y operación del sistema eléctrico nacional que beneficia a las plantas de la CFE, y desplaza y daña la inversión de centrales eléctricas privadas.
Hasta el momento, en los primeros 32 meses del sexenio de López Obrador, sólo en 10 ocasiones los ingresos de la empresa productiva del Estado han superado el gasto. Las pérdidas antes de transferencias suman 205 mil 175 millones de pesos.
