Andrés Manuel López Obrador se encamina a ser el presidente de la República con el mayor aumento del presupuesto en su primer año de gobierno, en comparación con sus cuatro antecesores. Y para llegar a la meta de 5.6 billones de pesos para el gasto de 2019, la bancada de Morena calcula la eliminación de fideicomisos poco transparentes, eliminar 70% de las plazas de confianza para reducir los salarios en la alta burocracia y cancelar programas sociales duplicados, entre otras acciones.
Sustentado en “ahorros” producto de la nueva Ley de Austeridad, la próxima administración federal estima erogar cinco billones 677 mil 200 millones de pesos en 2019. Con una política fiscal de cero alzas a impuestos ni creación de nuevos, no recurrirá a deuda pública e indexar la inflación al precio de las gasolinas, las 18 dependencias federales y más de 200 entidades públicas deberán administrar 397 mil 533 millones de pesos de aumento a las partidas presupuestales del ejercicio 2018, lo que representará 7.52% de aumento, el mayor en los últimos cuatro cambios de gobierno.
En línea con esa política fiscal, legisladores federales y algunos congresos locales presentaron 63 iniciativas (al cierre de la sesión del pasado 20 de noviembre) sin proponer incrementos de las tasas impositivas, sino mecanismos de deducción al Impuesto Sobre la Renta (ISR), apoyar la reducción de 50% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8% y la del ISR de 30 a 20% en las ciudades fronterizas del norte del país, lo que representa una merma de 40 mil millones de pesos en los ingresos, aseguró Gerardo Esquivel, quien será el próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de mecanismos de disminución y derogación al Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) particularmente a las gasolinas.
Según el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Alfonso Ramírez Cuéllar, aún no cuentan con la totalidad de las previsiones del Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2019; sin embargo, está prevista la creación de dos nuevas dependencias: la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Pese a las medidas de austeridad, diputados solicitaron la creación de otras dependencias. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano pidió establecer la Secretaría del Migrante; la fracción de Morena, las secretarías de Recursos Hidráulicos y de Pesca y Acuacultura; en tanto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso la creación del Instituto Nacional de Protección Civil.
En entrevista con ejecentral, Ramírez Cuéllar reconoció que se prepara una ley de racionalización del gasto, en la que se eliminarán plazas y se pondrán límites a las de nueva creación, en cuanto a la Secretaría de Seguridad, dijo que se le va a asignar un techo.
La reducción de servidores públicos será del 70% del personal de confianza, pues en la actual administración federal hay un millón 766 mil 191 burócratas, lo que representa un gasto anual de 740 mil 43 millones de pesos, es decir, 64% del costo total del capítulo de servicios personales del gasto corriente.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre del primer semestre de 2018, en altos y medios mandos había 69 mil 454 empleados de confianza, y el recorte de 70% significaría una reducción de 48 mil 618 personas.
Otro rubro donde se generarían ahorros corresponde a la eliminación de fideicomisos y la eficientización de los programas sociales. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su Informe de evaluación 2017 refirió la existencia de cinco mil 491 programas sociales, “pero sin coordinación entre ellos, e incluso 37 están duplicados”. De los implementados por el gobierno federal, “sólo 83 están enfocados en abatir las carencias sociales y son considerados prioritarios para cumplir con ese objetivo”.
Ramírez Cuéllar explicó que hasta el 30 de septiembre pasado habían 341 fideicomisos con recursos por 875 mil 207 millones de pesos sin estructura orgánica, “es necesario revisar el uso y destino de los recursos de 275 fideicomisos específicos, que suman disponibilidades por 287 mil 891 millones de pesos”.
Entre las novedades que presentará el PEF se encuentra la pretensión de eliminar el Ramo 23, que para 2018 etiquetó 107 mil 189 millones 207 mil 512 pesos. Creado a fines de los años 80, es una partida que eroga de manera discrecional por los diputados federales y está dividida en fondos especiales para financiar obras públicas a nivel municipal, apoyar la actividad cultural y el altruismo.
