AMLO escala conflicto, vulnera la Constitución y cuatro leyes federales
El ataque al comunicador se colocó, en las redes sociales, como uno de los primeros temas de conversación en el mundo; Loret de Mola acusa que es una calumnia y lo pone en riesgo a él y su familia.
En un hecho sin precedentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, vulneró el artículo 16 de la Constitución, y cuatro leyes federales, al pretender exhibir los ingresos personales del periodista Carlos Loret de Mola.
Y podría violar más normas, pues amagó con solicitar, dijo que a través del INAI, que el SAT y Hacienda certifiquen los ingresos que dijo tenía el comunicador, y el pago de sus impuestos; así como el de los dueños de los medios en los que colabora.
El mandatario, que nuevamente descalificó a Loret llamándolo “mercenario, golpeador, corrupto, en el sentido estricto ni siquiera periodista”, a pesar de que dijo que las autoridades van investigar sobre la millonaria casa que rentó su hijo José Ramón López Beltrán en Texas y su esposa, de todas formas insistió que es “un montaje” para atacarlo directamente a él.
En respuesta, Loret de Mola señaló desde su cuenta de Twitter que el presidente López Obrador estaba “acorralado” y aseguró: “No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”. Más tarde publicó un video, en donde abundó y subrayó el riesgo en el que lo colocaba a él y su familia.
Más tarde, Latinus fijaron postura y aseguraron que no se callarán. “Preocupa el tono utilizado por López Obrador, más cercano a un autócrata que a la figura de un presidente que respete los elementales valores democráticos, como son acatar la Constitución, la libertad de expresión y el resguardo de los datos personales protegidos por nuestras leyes”.
Investigación, pide Baker Hughes
A través de una carta aparentemente dirigida a la Comisión de la Bolsa y Valores, así como al Departamento de Estado de Estados Unidos, una representación de inversionistas de la empresa Baker Hughes pidió que se investigara un “potencial conflicto de interés” y otras irregularidades al interior de la compañía.
De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en un documento firmado por el abogado Juan Carlos Luna, el pasado 9 de febrero, se hace un exhorto a los altos ejecutivos de la empresa, de la cual el gobierno de México reconoció que es contratista de Pemex, advirtiendo su preocupación ante “la percepción de un posible conflicto de interés y un escenario potencial que podría haber cruzado la línea de las obligaciones legales y éticas de Baker Hughes”.
La empresa reaccionó así tras darse a conocer que una de las casas que rentó el hijo mayor del Presidente pertenecía a un exejecutivo de la firma energética, Baker Hughes, y que se confirmara que la compañía estadounidense duplicó el pago por sus contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP), con 19.5 mil millones de pesos en los tres años de la administración de Morena, mientras que los últimos tres años del gobierno Enrique Peña Nieto se le pagaron 10.8 mil millones de pesos.
Leyes y reacciones
La reacción de especialistas, asociaciones y representantes de organizaciones dedicadas a defender la libertad de expresión fue un contundente rechazo a estas acciones cometidas desde la investidura presidencial y utilizando recursos públicos, al ser en la mañanera desde donde habló el presidente López Obrador.
El mandatario, coincidieron, vulneró lo que señala la Constitución en su artículo 16 sobre protección de datos personales y la Ley de Protección de Datos Personales en Sujetos Obligados; al mismo tiempo la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Fiscal de la Federación; y pudo haber incurrido en el delito que prevé el Código Penal Federal en su artículo 210, por la revelación de secretos.
Por la noche, sin hacer mención de las personas involucradas, ni un pronunciamiento de lo señalado por el Presidente, el Instituto de la Transparencia emitió un comunicado en el que dijo estar atento a la denuncia que podría presentar “cualquier particular”, pues es la institución encargada de investigar la violación de datos personales.
“El INAI hace un atento llamado a quienes ejercen el servicio público a actuar con apego a la legislación, al momento de tratar datos personales”, respondió la institución de quien hoy el mandatario recalcó que mantiene diferencias.
La respuesta también se dio en las redes sociales, en donde la desaprobación al Presidente fue mayor y marcaron tendencia los hashtag sobre el tema. Pero de acuerdo a la empresa Eudista-G, detectó entre los valores más alto que, alrededor de un millón 100 mil tweets por día se han emitido a favor de López Obrador, y un millón 440 mil para Loret de Mola.
La misma empresa ubicó que para defender al mandatario en las redes sociales han utilizado la cuenta de Epigmenio Ibarra y se introducen a todas las conversaciones sobre el tema, para tratar de favorecer al mandatario
El tema alcanzó tal dimensión que por la noche, se abrió un “Space” en Twitter, una conversación con varios invitados, en el que lo ocurrido en torno a Carlos Loret y los ataques a periodistas, alcanzó 12 mil personas conectadas, y se convirtió en el Space numero uno en el mundo, por el número de escuchas.
Una de las primeras personas en reaccionar tras la mañanera, fue la periodista Carmen Aristegui, quien también ha sido blanco de ataques del presidente, y advirtió “se están rompiendo los límites de la ley. Aquí estamos frente a una muy posible violentación de la ley por parte del presidente de la República”.
La diputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño reiteró que el presidente “abusó” de su cargo para “convertirse en un delincuente y un sicario de la libertad de expresión”. La excomisionada del IFAI señaló que lo hecho por el mandatario atentó contra lo estipulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de guardar la secrecía de la información a la que tenga acceso en razón de su cargo; además de la Ley de Protección de Datos Personales en Sujetos Obligados, así como el garantizar la confidencialidad de la información fiscal que señala el propio Código Fiscal de la Federación, comentó en su cuenta de Twitter.
Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19, sostuvo en entrevista con este diario que el hecho de que el Presidente haya mostrado datos personales, implicó “que haya roto el secreto fiscal echando mano de su poder para tratar de exhibir a Loret de Mola en la tribuna pública, rompiendo incluso la Constitución y las leyes para tratar de inhibir el ejercicio periodístico crítico a su gobierno”.
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