Las controversias en torno a la construcción del Tren Maya van en aumento. Pese a que desde finales de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que “no van a poder detenernos”, en referencia a las demandas en contra de la obra, un juez federal concedió la segunda suspensión definitiva en contra del avance del tramo 5, del cual hoy mismo el mandatario oficializó la expropiación de más de un millón 93 mil metros cuadrados de propiedad privada para su construcción.
De acuerdo con la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de este lunes, el titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, quien el fin de semana admitió a trámite el amparo de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) a fin de frenar las obras y trámites de autorizaciones provisionales de los tramos 6 y 7, fue quien concedió a la misma organización la segunda suspensión definitiva, con la cual se frenan los trabajos en el recorrido de Cancún a Tulum-norte.
En su demanda de amparo, DMAS impugnó los permisos y trabajos de la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el tramo 5 del proyecto, al señalar que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no contaba con las autorizaciones necesarias para su construcción.
Sin embargo, en la misma resolución el juez Novelo Pérez negó a la organización la suspensión en contra de lo que señalaron como omisión por parte de las autoridades en cuanto a las licencias respecto a los ordenamientos ambientales y planificación territorial.
Se prevé que sea el 5 de agosto cuando el juez determine si concede o no el amparo a dicha asociación. A más tardar este martes se daría a conocer si el juzgador resuelve si el gobierno federal violó la suspensión definitiva que habían obtenido habitantes de Solidaridad, Quintana Roo, luego de haber reiniciado las obras del tramo 5, tras haberlo declarado un proyecto de seguridad nacional.
Sobre dicho trayecto del tren, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó hoy mismo la expropiación de más de un millón 93 mil 118 metros cuadrados, correspondientes a 36 inmuebles de propiedad privada, que abarcan los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, ubicados en Quintana Roo.
Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la expropiación, la cual entrará en vigor a partir de este martes, incluye las construcciones e instalaciones que se encuentran en los predios que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tomará posesión y “cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales”.
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