Sin esperar el inicio del periodo de sesiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió, con 24 horas de antelación, su iniciativa para que la Defensa Nacional asuma el “control” de la Guardia Nacional. Riesgos a la seguridad nacional y por tanto a la gobernabilidad, ante la amenaza de grupos criminales “cuasimilitares”, están en las justificaciones para transferir el mando operativo y administrativo de esa corporación a la Sedena.
Al señalar como “necesidad inmediata” que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Fuerza Armada, por primera vez el gobierno federal reconoce que la violencia criminal, derivada de la “complejidad, diversificación y gravedad del crimen organizado que opera en México” ha rebasado las estrategias de seguridad para afrontar esa situación.
“El riesgo que enfrentamos es sumamente delicado para el Estado mexicano, ya que el crimen organizado en nuestro país se ha convertido en una fuerza “cuasimililar” que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas. Son grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil, son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares”, señala el documento de la iniciativa recibido hoy por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez.
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Aunque la iniciativa enviada hoy por el presidente no cumple con el carácter de ‘preferente’, pues no se presentó el día de apertura del periodo ordinario, será este viernes cuando se discuta en el pleno del Congreso la reforma legal, la cual sólo requiere de mayoría simple para su aprobación, pese a que repetidamente su planteamiento es señalado como un acto “inconstitucional e inconvencional” con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por juristas, organizaciones civiles e incluso la propia ONU.
Una justificación central para que la Sedena asuma el control “estrictamente operacional” de la Guardia Nacional, además de que se reconoce una deficiencia en la disponibilidad de recursos al interior de dicho cuerpo, es el hecho de que frente a la “capacidad logística y económica, su dispersión geográfica y la disponibilidad de armamento de alto calibre” con el que cuentan actualmente los grupos criminales, “constituyen amenazas actuales y latentes para la paz, la seguridad y el desarrollo de las comunidades, la vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática”.
En ese sentido, la iniciativa destaca que el “profesionalismo, disciplina e institucionalidad” de la Fuerza Armada son garantía la “apoliticidad, integridad y obediencia a las autoridades civiles”; por lo que el combate a la delincuencia organizada se mantiene en el eje en el que “inciden en un tema que es tanto de seguridad nacional como de seguridad pública (…) lo que demuestra no sólo la pertinencia sino la necesidad de que el control operativo y administrativo de la Sedena sobre la Guardia Nacional, se realice de manera directa y con una sola directriz”.
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