Cerca de 65 millones de mujeres podrían perder el acceso al aborto si la Corte Suprema de los Estados Unidos anula el caso histórico que estableció el derecho a solicitar el procedimiento hace medio siglo atrás.
Actualmente, la Corte Suprema de Estados Unidos considera argumentos para evitar el acceso al aborto a la población durante la discusión de un procedimiento en Mississippi. En la discusión del caso, el Tribunal Superior está considerando argumentos en otro caso, Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization.
En Estados Unidos, hay 20 entidades que prohíben los abortos o imponen restricciones sustanciales a las mujeres o los proveedores de servicios de aborto, pero que estaban en suspenso o bloqueadas por la decisión del tribunal superior de 1973 en Roe vs. Wade, que protegía el derecho de la mujer al aborto sin restricciones excesivas.
Durante la exposicion de argumentos orales el miércoles pasado, los conservadores parecían abiertos a permitir una ley de Mississippi que prohíbe los abortos después de 15 semanas, lo que daría el revés al veredicto de Roe que permite que las mujeres tengan ese derecho.
Si la mayoría conservadora del tribunal está de acuerdo en el fallo —que se prevé emitir este verano—, las llamadas “leyes de activación” entrarían en vigor y automáticamente prohibirían o res-
tringirían el aborto en todo el país.
Las prohibiciones del aborto antes de Roe podrían volver a ser ejecu-
tables o las prohibiciones más recientes que habían sido bloqueadas por los tribunales podrían entrar en vigencia. Los detalles de las leyes de activación varían según el estado, pero todas se convertirían en automáticas tras la revocación de Roe vs. Wade y se espera que la mayoría prohibiría el aborto por completo con muy pocas y limitadas excepciones, como emergencias médicas.
“Ya sea que esté a favor del aborto o en contra del aborto, deje eso a un lado por un momento. No hay ningún derecho dentro de la Constitución a quitarle a los estados su autoridad en el proceso democrático para prohibir el aborto”, dijo el exgobernador de Mississippi, Phil Bryant, quien firmó la ley en 2018, hablando esta semana en una entrevista con NPR.
