Ambientalistas ganan demanda contra muro fronterizo
Organizaciones civiles y nueve estados de EU lograron un acuerdo para resarcir el daño económico y ambiental provocado por el muro fronterizo de Trump
Organizaciones en defensa del medio ambiente, en compañía de nueve estados, lograron llegar a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos (EU) para resarcir el daño ocasionado por la construcción del muro fronterizo de Donald Trump.
Tuvieron que pasar tres años de litigio para que el DHS aceptara devolver 427 millones de dólares que serían destinados a la defensa nacional pero que se desviaron para la construcción del muro en la frontera con México.
Se trata de recursos destinados a California, Colorado, Hawái, Maryland, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Virginia y Wisconsin.
Conviene recordar que la demanda presentada en 2020 por las organizaciones Sierra Club y Southern Border Communities Coalition, señalaba que la construcción del muro fronterizo dividió corredores biológicos de especies en peligro de extinción; además de cortar los cauces naturales de ríos y arroyos.
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Cecilia Wang, abogada en jefe de Sierra Club, indicó que el acuerdo alcanzado con el DHS incluye una serie de medidas para mitigar los daños causados por el muro; además de servir como recordatorio de que “las políticas gubernamentales impulsadas por la siembra de miedo terminan dañando nuestros intereses”.
Así, en el acuerdo también se establece la apertura de 24 “ventanas” que permitan el libre tránsito de la fauna; la creación de ocho compuertas para aguas pluviales y la promesa por escrito de no construir más metros de muro.
Además, se fijó la entrega de 25 millones de dólares al gobierno de California para que ambientalistas adquieran 485 hectáreas de tierras fronterizas; así como 1.1 millones de dólares para el monitoreo de especies en peligro de extinción.
“Esta lucha no ha terminado y al gobierno todavía le falta bastante para reconocer la humanidad y dignidad de todos los residentes de la frontera y proporcionarnos el respeto que merecemos”, indicó Ricky Garza, abogado de Southern Border Communities Coalition. EJ
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