Bastó que la líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelossi, condicionara la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en esa Cámara a la concreción de una reforma laboral en México, para que las y los diputados federales mostraran su disposición y aceleraran su análisis.
Desde antes del 1 de diciembre de 2018 fue evidente que una de las prioridades de la administración que encabezaría Andrés Manuel López Obrador sería la ratificación del T-MEC. Para ello, nombró a un representante ante las negociaciones que se encontraba realizando en ese momento el presidente Enrique Peña Nieto a través del canciller Luis Videgaray y que se tradujo en la negociación exitosa de una nueva versión del TLCAN.
Sin embargo, quedó pendiente que cada uno de los Congresos nacionales aprobara el nuevo texto y los respectivos Ejecutivos lo ratificaron. Y ahí ha estado el detalle.
Aunado a la agenda doméstica de Estados Unidos, enmarcada en la parálisis de gobierno más longeva de la que se tenga memoria debido a la falta de aprobación del presupuesto gubernamental y al calendario electoral propio de la reelección presidencial, en México los legisladores federales dieron cauce a otras prioridades legislativas, postergando el análisis y aprobación de la reforma laboral.
Sin embargo, la dinámica propia de los Estados Unidos ha regresado a los legisladores mexicanos a la realidad trilateral y en voz de quien ha sido considerado como una aliada, han escuchado la verdad de los hechos: México no tendrá un TLCAN reloaded si antes ni concretan la armonización laboral.
Para ello, desde ayer los diputados federales aceleraron el análisis de la iniciativa de reforma legal en materia laboral, previendo que sea la próxima semana cuando sea analizada en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Entre los cambios que traerá el T-MEC en materia laboral se contempla concretar la reforma del sexenio pasado para sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje y fijar reglas para garantizar la democracia sindical y representación de los trabajadores en la negociación colectiva.
También integrará el voto personal, libre y secreto para renovar dirigencias, revisar contratos colectivos, emplazar a huelga y solicitar la revisión de los contratos.
Se trata de cambios que traen consigo grandes cambios en materia laboral que no es sencillo ni mucho menos barato concretar, pues basta señalar que para este año se le recortó los recursos al Poder Judicial para crear tribunales y jueces laborales, lo cual imposibilita concretar la reforma constitucional de febrero de 2017.
Por increíble que parezca, el T-MEC se topa con la austeridad de la cuarta transformación, a pesar de que la agenda legislativa ha sido dictada por una legisladora… pero de Estados Unidos.
