GINEBRA.- A menos de una semana de que avanzara en San Lázaro el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, Zeid Ra’ad Al Husseinel, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado para frenar el proyecto que consagraría el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, cuya aprobación está en manos del Senado pues encontró omisiones. Desde Ginebra, el afirmó que el proyecto es muy preocupante, ya que no contempla la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de remplazo gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de la policía.
Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuentes organizados”, apuntó.
El Alto Comisionado recordó que a más de una década de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada “guerra contra la droga” en el sexenio de Felipe Calderón “la violencia no ha disminuido y tanto los agentes siguen perpetrando violaciones de derechos humanos, “incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó. Sobre esto, Zeid dijo que la aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad no es la respuesta adecuada ya que podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones . Por esto, pidió que en lugar se proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, se lleve llevarse a cabo un debate con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil mexicana. El dictamen, avalado el pasado 30 de noviembre en la Cámara de Diputados fue remitido a la Cámara Alta para su debate y adopción. La propuesta contiene “varios elementos inquietantes”, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas, la autorización para asignar a los soldados la ejecución de tareas policiales no va acompañada de controles y supervisión apropiados. Además la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza. En este sentido, el alto comisionado señaló que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita de 2015, se hizo hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con apego a normas internacionales de derechos humanos, investigara las violaciones y garantizara la rendición de cuentas. DA
