mariaidaliags@ejecentral.com.mx / lleon@ejecentral.com.mx
›Por lo costoso y la falta de rentabilidad del proyecto, uno de los más importantes para generar energía limpia en el país, que provocará un daño superior a los 6 mil millones de pesos, se convertirá en pasivo para las finanzas públicas, sin que exista la suficiencia presupuestaria para subsanar el daño. Dos de las empresas responsables fueron acusadas por lavado de dinero y casos de corrupción en España, por operaciones realizadas en México
El proyecto era riesgoso, porque debía cumplir rigurosamente con los plazos y el monto de la inversión programada por 380 millones de dólares. Pero desde el principio todo falló. La licitación fue cuestionada y aún está en litigio, porque empresas competidoras aseguran que el proceso fue dirigido a favor del consorcio empresarial integrado por Alstom Mexicana, Isolux de México e Isolux Ingeniería. Estas dos últimas empresas las preside Luis Delso, empresario español que está siendo procesado por lavado de dinero en su país, derivado de presuntas operaciones fraudulentas y de corrupción, además de ser investigado en 13 países, de tres continentes, incluido México.
›Por el momento no existe información de que este proyecto, en el que participaron las empresas de Delso para la rehabilitación, modernización y conversión del coque de petróleo de las unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica Altamira (CT Altamira), Tamaulipas, forme parte de las operaciones fraudulentas denunciadas en España.
A casi cuatro años de que arrancara el proyecto de transformación de CT Altamira, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó como “no rentable”, por la inversión comprometida, los gastos generados y el precio al que se venderá la energía, lo que arroja como resultado que “jamás se recuperará la inversión original”, se establece en el análisis de la viabilidad del proyecto, documento que desde finales del año pasado fue entregado al director de la empresa productiva del Estado, Jaime Hernández Martínez, para que presente el caso ante el Consejo de Administración y se declare formalmente inviable.
De acuerdo a los documentos en poder de ejecentral, el proyecto para la generación de energía limpia en esa central termoeléctrica, no sólo estuvo viciado de origen, sino que ahora la decisión de frenarlo provocará un boquete económico a la CFE por más de seis mil millones de pesos, pues el proyecto de licitación se gestó bajo el marco normativo de obra pública financiada con inversión privada, y al momento de ser declarada como inviable económicamente los pasivos de la obra pasarán de ser Pidiregas a Presupuestales, sin que en este momento en algún apartado de egresos de la Federación se tenga prevista la suficiencia económica presupuestaria para ello.
Y una vez que la Comisión declare formalmente la inviabilidad del proyecto, que se prevé ocurra en unos meses, el consorcio empresarial podrá reclamarle el pago de 200 millones de dólares, sólo por la terminación anticipada del contrato, el cual debía concluirse en el verano del 2018, y adicionalmente podrá exigir el cobro de todo lo invertido hasta la fecha. Es decir, ni Alstom e Isolux perderán su dinero; por el contrario, saldrán ganando, porque además de recibir el pago por la terminación del convenio, podrán demandar el pago de la inversión y gastos realizados. Entre dichos gastos están la turbina de vapor construida por Toshiba que ya está terminada, y la compra del terreno, además de las obras iniciadas. Sumado a que ya tienen en proceso un reclamo los daños ocasionados ante la suspensión de la obra, desde finales del año pasado, debido a la impugnación que se hizo de la licitación. Extrañamente, a pesar de las impugnaciones legales que existían a la licitación, y el aumento de los costos que se registraron en la obra en estos cuatro años, sumado a que las empresas españolas Isolux desde 2014 comenzaron a ser investigadas en su país y pocos meses más tarde se le fincaron cargos a su presidente por lavado de dinero y corrupción en los tribunales españoles por actos cometidos en México; de todas formas, CFE continuó con el proyecto de CT Altamira. Hasta ahora, las pesquisas contra Isolux, especialmente hacia su presidente Luis Delso, se han extendido a 13 países ubicados en los continentes africano, europeo y en América Latina, incluido México, por el pago de comisiones de manera ilegal a funcionarios, a cambio de obtener contratos. Este caso podría ser similar a Odebrecht, en cuanto al modus operandi para beneficiarse a través de licitaciones pagando sobornos a funcionarios públicos.
Al frenar la obra de CT Altamira, también se verán afectados los usuarios y las finanzas públicas ante la falta de generación de energía a menor costo y de manera más eficiente. La termoeléctrica de Altamira es una de las 13 centrales de generación eléctrica que hay en el país y que aportan, en total, mil 988 MW; por lo que el cierre anticipado del proyecto generará un daño a la comunidad que recibiría el servicio calculado inicialmente en 316 megawatts de energía. Además, el gobierno mexicano dejará de cumplir con los compromisos internaciones en materia de reducción de contaminantes.
> AL FRENAR LA MODERNIZACIÓN DE CT ALTAMIRA, TAMBIÉN SE VERÁN AFECTADOS LOS USUARIOS Y LAS FINANZAS PÚBLICAS ANTE LA FALTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A MENOR COSTO Y DE MANERA MÁS EFICIENTE.
El proyecto nació viciado
El 2 de abril de 2009 se publicó la convocatoria para realizar el estudio técnico de ingeniería básica para tener las bases y especificaciones del proyecto de rehabilitación, modernización y conversión a coque de petróleo de las unidades 1 y 2 de la CT Altamira. Ese estudio lo llevó a cabo la empresa Inelectra, S.A. de C.V. Sin embargo, las especificaciones técnicas que arrojó esta revisión “no fueron tomadas en cuenta en su totalidad por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la presente convocatoria, ni son vinculantes con los requisitos y especificaciones técnicas establecidos para esta licitación”, asentó en su informe de actividades el Testigo Social del proceso de licitación, el ingeniero Óscar Álvarez de la Cuadra Sánchez.
La CFE argumentó, en respuesta a una pregunta de la empresa participante Metal COQ, S.A. DE C.V., que el estudio “no fue proporcionado a los licitantes porque podría viciar las propuestas si partían del estudio” realizado por Inelectra.
La convocatoria para las obras en CT Altamira se emitió a través dela plataforma digital Compranet el 9 de agosto de 2012, y el 14 del mismo mes y año se publicó en el Diario Oficial de la Federación. En ese entonces, al frente de la CFE estaba Jaime González Aguadé, quien estuvo el cargo sólo cinco meses y medio más.
En el proceso de selección del ganador de la licitación se consideraron las causales para desechar las propuestas. Una de ellas fue que los oferentes no obtuvieran como mínimo 37.5 puntos, de los 50 requeridos en la convocatoria. Una de las condiciones más importantes, y que otorgaba 50 puntos de calificación, era que las empresas participantes ofrecieran el mejor precio Nivelado de Generación, que se traduce en la tarifa comercial de la electricidad. En total, 62 empresas participaron en el proceso de licitación LO-018TOQ054-T18-2012. Dos de las ganadoras del proyecto, Alstom Mexicana, S.A. de C.V. presentó 141 cuestionamientos a las juntas de aclaraciones de la CFE e Isolux de México, S.A. de C.V. presentó 222, en ocho rondas de preguntas. Por su parte Metal COQ a lo largo del proceso presentó cuatro cuestionamientos directos a las autoridades de la CFE. En ellos exigía respuestas concretas ante la posibilidad de que existieran vicios de origen en el proceso de licitación y el que se estuviera beneficiando a las empresas (que posteriormente resultaron ganadoras), entregándoles previamente la información completa del proyecto, para tener una ventaja competitiva. La misma compañía, Metal COQ, cuestionó además la serie de exigencias que se establecieron en la convocatoria de la licitación, ya que se convirtieron en candados que limitaban, de manera incomprensible, la participación de un mayor número de empresas, por lo que se convertía en un proceso dirigido. Y así fue, al final sólo dos empresas lograron presentar propuestas que cumplieron con todos los requisitos. Otro de los elementos que cuestionó la empresa, de acuerdo con los documentos oficiales, es que los ingenieros César Salvador Larios, superintendente general de CFE, y Juan José Méndez Cano, superintendente de Producción y líder del proyecto por parte de la CT Altamira, y que fueron los encargados, el 31 de agosto de 2012, de guiar la visita de las compañías participantes en la licitación al lugar en el que se llevarían a cabo las obras, impidieron que los representantes de las compañías tomaran fotografías en determinados lugares, sin dar mayores explicaciones, a pesar de que se requería para elaborar el proyecto y evaluar costos.
La CFE desechó todos los cuestionamientos de Metal COQ y durante las distintas reuniones de aclaraciones sólo respondió que no tenía conocimiento, por lo que invitó al representante de la empresa a presentar su inconformidad ante el Órgano Interno de Control de la propia CFE, que estaba a cargo entonces de José Juan Hernández Lozoya. Así lo hizo y el proceso sigue en trámite. Paralelamente, ante la falta de respuestas de la Comisión, Metal COQ solicitó vía transparencia se informara cuál era la vida útil de las Unidades 1 y 2 de CT Altamira. La CFE respondió, que “en el caso de las plantas carboeléctricas, éstas tienen un periodo de antigüedad mayor a 10 años”. Este reconocimiento de la Comisión es uno de los puntos centrales que técnicamente cuestionan la viabilidad de origen del proyecto, porque, como citó el testigo social, dichas unidades, Altamira 1 y 2, ya habían agotado su vida útil, al tener más de 30 años de antigüedad. Las unidades de vapor iniciaron operaciones en 1976, por lo que habían concluido su vida útil de 30 años. Pero la CFE sostuvo en la convocatoria pública que se podrían tener hasta 30 años más de uso productivo, convirtiendo esas unidades de vapor de lecho flouricizado circulante.
Un Consorcio en aprietos
Isolux Corsán, es la matriz de una serie de empresas españolas especializadas en construcción, que dirige Luis Delso. En México ha obtenido contratos en diferentes dependencias federales y estatales, mientras que en el mundo se le cuestiona por el pago de sobornos para ganar licitaciones de todo tipo. Esta es parte de su historia: 2017. En Bolivia es cuestionada por el abandono de las obras de la carretera Ixiamas-San Buenaventura y el proyecto hidroeléctrico Miguillas, ambas en el departamento de La Paz En España, actualmente se lleva a cabo una investigación por el pago de sobornos para adjudicaciones y otros favores en la construcción de la Línea de Alta Velocidad (AVE) en Cataluña, así como en una veintena de obras como ferrocarriles, carreteras y aeropuertos. 2015. En España, un juez de la Audiencia Nacional mantiene investigaciones por lavado de dinero por 14 millones de euros contra Luis Delso, en complicidad con Jordi Pujol Ferrusola, hijo del presidente de la Generalitat. Delso habría pagado a Pujol por su participación “en un proyecto urbanístico en México”. 2016. En España, la Audiencia Nacional investiga a las multinacionales españolas Isolux Corsan y OHL por repartirse presuntamente comisiones ilegales en México. Transferencias enviadas en 2006 por valor de 150 mil euros a sociedades utilizadas por el empresario Luis Delso para ocultar ingresos a Hacienda y a los accionistas de su propia compañía. 2011. En Argentina se le denunció por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública nacional y delito contra la salud pública por envenenamiento de aguas”. También por haber recibido pagos del gobierno antes de emitir el estudio de impacto ambiental de una obra en la que, según la acusación, hay un sobreprecio de hasta 174% y un daño ambiental a la zona de Río Turbio. 1999. En El Salvador, la empresa está involucrada en un soborno por cinco millones de dólares y pesa sobre algunos de sus funcionarios una solicitud de extradición a España, por el pago de sobornos para la obtención de licitaciones públicas. En Chile, cuatro de las siete licitaciones que tenía la empresa fueron canceladas, el Puente Bicentenario, Estadio de Calama, Hospital de Pitrufquén y una obra vial en San Antonio.
Ojos bien cerrados
Dos avalúos vitales para la viabilidad del proyecto nunca fueron entregados al testigo social: el primero fue sobre los costos de energía de sustitución, donde se determinan los costos operativos por consumo de combustible y por energía de sustitución. El otro avalúo era sobre el precio del contrato. La CFE argumentó que aún no estaban terminados y que los enviarían a la Gerencia de Licitaciones y Contratación, para la integración del dictamen y elaboración del fallo de la licitación, que contó con el visto bueno del abogado general de la empresa productiva del Estado, mediante el oficio AG/SA/2171, del 15 de julio de 2013. Para eliminar a otros competidores, como fue el caso del consorcio integrado por ACS Servicios Comunicaciones y Energía México, S.A. DE C.V.; Cobra Instalaciones y Servicios S.A., e Initec Energía, S.A., la Gerencia de Licitaciones y Contratación de la CFE determinó que su propuesta no era viable porque se les olvidó anexar su manifestación de nacionalidad (acta constitutiva) y la propuesta entregada por cada miembro de este consorcio fueron suscritas por un representante en común y no por el representante legal de cada una. Fue desechada entonces sin considerar que la oferta competitiva que habían hecho era menor a la propuesta ganadora. El testigo social cuestionó a esta gerencia el 26 de julio de 2013, porque este elemento, sostuvo, no era suficiente para desechar la propuesta. También aseveró en su informe que “no participó, ni fue enterado de los resultados del dictamen para elaborar el fallo”. CFE nunca le dio respuesta. El 13 de julio de 2013 se dio a conocer el fallo de la licitación. Alstom, Isolux Ingeniería e Isolux de México, representados por Héctor Camacho García, Ignacio Engwall Carrasco y Gustavo Villanueva Hernández, y Francisco Monteagudo Sabater, respectivamente, fueron declarados ganadores, con una propuesta económica de 379 millones 998 mil 349 dólares, ofreciendo un precio de Nivelación de 0.6819 pesos/kWh. Sin embargo, la CFE violó la ley al emitir el fallo, porque la empresa Metal COQ había iniciado un trámite de queja ante el Órgano Interno de Control, y un día antes se determinó la suspensión de los actos, en tanto se resolvía el procedimiento administrativo, según el oficio GLCPIF/1455, del 6 de agosto de 2013. Procedimiento del que tuvo conocimiento la Secretaría de la Función Pública. Los trabajos debían iniciar, de acuerdo al calendario de la licitación, el 3 de marzo de 2013. Pero se modificaron las fechas por el paro de las Unidades 1 y 2 de CT Altamira tras la inconformidad de METAL COQ. Fue hasta el 31 de octubre de 2013, que se firmó el contrato con el consorcio Alstom e Isolux, en la gestión de Francisco Rojas Gutiérrez en la CFE.
Daños colaterales
Los trabajos comprendían el desmontaje y montaje; así como desensamble y ensamble de equipos; las pruebas y puestas en servicio; la garantía de trabajo, fletes, servicios, trabajo y aranceles de manejo aduanal de la rehabilitación y modernización de las unidades 1 y 2 de la CT Altamira. Todo esto sería financiado por el consorcio Alstom de México e Isolux, bajo el régimen de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados. La energía, corazón de las unidades de vapor, es el combustible pesado y gas natural como combustible secundario, por lo que la rehabilitación consistiría en sustituir estas energías por coque de petróleo, con la única finalidad de mejorar la eficiencia térmica de la CT.
›En el convenio firmado por las empresas ganadoras con la CFE se estableció el principio de autosuficiencia. Esto significa que la propuesta ganadora debe generar el suficiente ingreso para cubrir cualquier costo que genere el proyecto, incluyendo el servicio de deuda que la entidad contrae para su pago; a estos se le conoce como Precio Nivelado de generación, que es el costo del servicio al público.
La Subdirección de Finanzas de la CFE fue la encargada del estudio donde consideró la viabilidad económica del consorcio ganador, el cual nunca se dio a conocer ni a las empresas participantes de la licitación. Con una inversión financiada proyectada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, de cuatro mil 38 millones de pesos (equivalente a 379 millones 225 mil dólares, con un tipo de cambio de 10.65 pesos por dólar), se planteó que tendrían no sólo beneficios ecológicos con la disminución de más de 50 millones de toneladas de dióxido de azufre al ambiente, también representaría una disminución del 80% del gasto de operación de la Central Termoeléctrica.
Tropiezos
Dos años y medio después de firmado el contrato e iniciado las obras, el 22 de junio de 2016, un grupo de 50 camioneros, que cerraron la entrada a las instalaciones de la termoeléctrica, exigieron la liquidación del adeudo que tenía con ellos Isolux Corsán, por el acarreo de material producto de la excavación donde se asentaría las calderas de la CT Altamira. Los hombres camión sostuvieron en aquel entonces que habían sacado alrededor de 70 mil metros de tierra durante cinco meses y que el adeudo alcanzaba entre 70 a 150 mil pesos por cada uno de los manifestantes. Meses más tarde, el 10 y 19 de abril de 2017, habitantes de la colonia Estación Colonia, de la ciudad de Altamira, Tamaulipas, realizaron una clausura simbólica de la termoeléctrica. Acusaron a la CT Altamira de generar un impacto ambiental en detrimento de la salud de las comunidades aledañas, por la emanación de hollín y con ello dañar sus cultivos agrícolas. Los colonos interpusieron una queja ante las autoridades ambientes federales, pero hasta la fecha ninguna de ellas se ha pronunciado sobre el caso, a pesar de que a eso se comprometió un representante de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente. Cinco años más tarde, después de llevarse a cabo diferentes análisis técnicos de la avances del proyecto y sus beneficios, en el Grupo Técnico Especializado en Ejecución y Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión de la CFE (GTE) se concluyó que la rentabilidad del proyecto era “no favorable”. Aun considerando la simulación de despacho con rangos de combustible muy altos, medio y bajo e incorporando un pago por potencia de 7.5 dólares por kilowatts mensuales, superior al 3.5 planteado por el plan de negocios original, el proyecto era inviable. Esta determinación comenzó a generar una discusión al interior de los órganos más importantes de la CFE, incluyendo el GTE, para definir cuál era la mejor vía para cancelar el proyecto. Uno de los aspectos económicos más costosos que se revisó fue la rescisión del contrato, por la inviabilidad del proyecto, lo que ocasionaría un daño al patrimonio de CFE de por lo menos 200 millones de dólares, ante la terminación anticipada del convenio. Además, en el proyecto se tenía un cálculo, realizado por el área de Generación de la Comisión, de 70 millones de dólares, que se diferenciaba mucho de otro realizado por la compañía General Electric, por un monto de 300 millones de dólares. Así, el proyecto de Altamira resultó claramente no rentable, considerando el promedio de las dos estimaciones que serían 150 millones de dólares, por tal motivo jamás se recuperaría la inversión original. Los proyectos de rehabilitación y de modernización son proyectos de Obra Pública Financiada, cuya naturaleza y características corresponden a contratos “llave en mano”, en los que no se considera ningún pago por avances de obra o anticipos, el financiamiento es responsabilidad del contratista y la CFE no otorga ninguna garantía o aval. Para garantizar el cumplimiento de las obras, el contratista entrega una carta de crédito stand by emitida por una institución financiera equivalente al 10% del valor de la obra, el pago finiquito se realiza a contra entrega y a satisfacción de la empresa productiva del Estado, legalmente estos requisitos establecidos en la ley le permitirían a la Comisión asegurar el cumplimiento del contrato. Hasta esta última etapa sería cuando la CFE cubriría los gastos del proyecto, pero la mala planeación que se tuvo, además del incremento de los costos, ahora afectará al erario público con un monto total aún no determinado porque no se han evaluado los gastos y costos de inversión, pero que superaría seis mil millones de pesos. Con el proyecto CT Altamira habría sido la primera vez que en el sector energético en México sucedería una reconversión a energías limpias, con un modelo de inversión pública en el marco de la reforma energética. El proyecto que buscaba aumentar la productividad de las unidades 1 y 2 de 31.49% y 31.57%, respectivamente al 34.24%. Pero fracasó.
