Tras más de 12 horas de audiencia, se preveía que ocho de las 10 personas a quienes la Fiscalía de Justicia de la ciudad de México imputó la semana pasada de diversos delitos a causa del desplome en la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021 que causó la muerte de 26 personas, serían vinculadas a proceso.
Así lo consideró incluso la propia defensa legal de algunos de los imputados, entre ellos el exdirector del llamado Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, al reiterar que la eventual vinculación a proceso de las personas señaladas por la Fiscalía capitalina, que hasta el cierre de esta edición no se había confirmado, implicaba una acción política en beneficio de la propia jefa de Gobierno.
“Venimos a cumplir con un mero formalismo, quizá por allá de la medianoche los vinculen a proceso. Es la crónica de una burla a las víctimas, la vinculación a proceso no significa que somos responsables, estamos frente a una pantomima electoral disfrazada de proceso penal, con chivos expiatorios para no afectar las aspiraciones políticas de la jefa de gobierno de la ciudad de México”, acusó Gabriel Regino, abogado defensor de Horcasitas Manjarrez, y otros cuatro exfuncionarios, previó al inicio de la diligencia alrededor de las 8 de la mañana de este martes.
Y es que luego de que el pasado 14 de julio, la FGJ-CDMX logró imputar a ocho de los 10 acusados, entre ellos ocho exfuncionarios del Proyecto Metro, a cargo del diseño y la construcción de la llamada “Línea Dorada”, así como dos personas más del consorcio constructor, en la audiencia de hoy, la defensa de algunas de las víctimas no descartó que tras la probable vinculación por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena, todos en su modalidad culposa, que solicitaría al juez de control el cambio de las medidas cautelares a fin de mantener en prisión preventiva a los ocho imputados.
Eso fue lo que adelantó el abogado Teófilo Benítez, quien lleva la defensa de una docena de víctimas de los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2021, al anticipar que, aunque los delitos que les fueron imputados a esas ocho personas no ameritan la medida cautelar de prisión preventiva, refirió que la solicitud es a fin de “que se pueda garantizar el derecho a la verdad, que tanto conlleva para las víctimas como también para los propios imputados”.
No obstante, acusó respecto a que el juez de control considere dicha petición era una cuestión en la que, dijo, “vamos contra corriente porque parece ser que el Ministerio Público es defensor de los imputados, tal vez a lo mejor no por honorarios, pero es a lo que se dedica”.
