El asalto a los edificios gubernamentales de Brasil ya está dejando ver sus consecuencias, y una de ellas es la orden de prisión para Anderson Torres, exministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro, la cual fue emitida este martes por la Corte Suprema de Brasil, que lo encontró sospechoso de los actos golpistas.
Sin embargo, Torres se encuentra en Estados Unidos, y desde allá ha negado su implicación con los bolsonaristas, aunque cabe destacar que la orden de prisión ocurre después de que la Policía Federal registrara su casa en busca de pruebas. Momentos antes de la orden de captura, Torres había asegurado que cooperaría con la investigación, e incluso planeaba su regreso al país.
Otro de los detenidos de importancia durante la jornada de hoy fue Fábio Augusto Vieira, responsable de la Policía Militar de Brasilia, y en este caso, su detención obedeció a una petición de la Abogacía General del Estado, que recordó que Vieira se encontraba en funciones el día de los hechos.
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Las autoridades han señalado precisamente a la Policía Militar como una de las principales responsables de la invasión de los edificios que rodean a la Plaza de los Tres Poderes, motivo que justifica la captura de su comandante, toda vez que hay pruebas de que dicho cuerpo de seguridad no hizo nada para impedir los destrozos.
Aunado a eso, el Congreso aprobó la intervención federal a la seguridad. “La minoría golpista no impondrá su voluntad por medio de la barbarie”, declaró Rodrigo Pacheco, presidente del Senado, ante las protestas de los legisladores bolsonaristas. El gobierno aún teme que se presenten nuevos brotes de violencia a favor del expresidente Jair Bolsonaro.
527 personas están detenidas por los actos violentos.
Entre quienes se posicionaron en contra de la medida están Carla Zambelli y Bia Kicis, diputadas del Partido Liberal, y aunque intentaron postergar las votaciones, la decisión fue tomada por la mayoría de los congresistas.
Se espera que en los próximos días se amplíe la búsqueda a otros simpatizantes de Bolsonaro en el gobierno, y al respecto, el magistrado Alexandre de Moraes consideró “potencialmente criminal” la omisión de las autoridades públicas con los miles de seguidores radicalizados del expresidente que invadieron los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, buscando la caída del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
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