Alertas migratorias, entre el uso excesivo y la opacidad
“El sistema de alertas migratorias vulnera el principio de legalidad debido a que no se encuentra regulado en la Ley”, señaló la CMDPDH
En México el mecanismo de alertas migratorias (registros que impiden a personas ingresar o permanecer en el país) se ha usado de forma excesiva, con opacidad y en vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes.
El informe “Fronteras invisibles” de la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) apunta que entre enero de 2010 y junio de 2019, el Instituto Nacional de Migración (INM) incorporó más de 200 mil registros migratorios, con un alarmante crecimiento en 2019.
La organización apuntó que la mayoría de las personas alertadas tiene entre 21 y 40 años (entre el 53% y 64%). Además, 10 mil 159 personas menores de 18 años fueron registradas en las listas de control migratorio.
CMDPDH dijo que en lugar de ser herramientas de seguridad, las alertas se han convertido en “mecanismos tradicionales de control de los flujos migratorios”.
Además, en 2018 se alertaron de forma focalizada y desproporcional respecto de los años anteriores, a ciudadanos provenientes de países musulmanes y a ciudadanos trinitas. Los primeros debido a la política de Trump y los segundos por una concepción generalizada de presuntos nexos con terroristas.
La Comisión remarcó que además existe opacidad sobre las motivaciones para interponer una alerta migratoria. Bajo el amparo de “seguridad nacional” se resguarda esa información y en ese sentido a las personas afectadas se les niegan explicaciones sobre cuándo, por quién y por qué la alerta migratoria fue originalmente incorporada.
“El sistema de alertas migratorias vulnera el principio de legalidad debido a que no se encuentra regulado en la Ley”, señaló la Comisión.
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Las alertas migratorias también interfieren con el goce del derecho a solicitar y recibir asilo para las personas migrantes, pues son una causa de expulsión e impedimentos en el ingreso a México.
La Comisión señaló que estos mecanismos “ocasionan que la persona que cuenta con un alerta, sea víctima de detenciones arbitrarias, prolongadas y en las cuales se configuren tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
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