México se encamina a las elecciones más grandes de su historia en un momento en que América Latina enfrenta una triple amenaza: el crimen organizado, la corrupción sistémica y el populismo autoritario.
Un informe realizado por el Centro de Estudios Internacional de la Universidad Católica de Chile (CEIUC) advierte que México llegará a las urnas como un régimen híbrido —con rasgos democráticos y autoritarios— y con una desafección por la democracia, donde 56% de la población asegura que “no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”.
Titulada “Riesgo político en América Latina 2024”, la investigación consigna que México es el sexto país con la mayor tasa de homicidios en la región y el segundo con mayor vulnerabilidad a los ciberataques y a la desinformación.
“Un estudio realizado por Activa en América Latina da cuenta que el problema de la desinformación es una amenaza para la democracia, debilita nuestros procesos electorales, viola los derechos humanos y aumenta la polarización política”, refiere el estudio del CEIUC.
La Red Latinoamericana de Noticias Falsas y Desinformación (RedALF) considera que los países más afectados por este problema son Brasil, México, Colombia y Argentina; siendo las plataformas de mensajería y las redes sociales los lugares más comunes por donde se difunde este tipo de información”, alerta.
México vivirá una megaelección el próximo 2 de junio, con más de 20 mil 000 cargos en juego. “La contienda mayor será entre dos mujeres, garantizando que México tendrá por primera vez una presidenta electa”, puntualiza el documento.
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En América Latina, este año será el de mayor actividad electoral dentro del actual ciclo 2021-2024, con seis elecciones presidenciales y varias subnacionales, cerrando una etapa de marcada reconfiguración del mapa político regional.
Sobre las dificultades que enfrentarán gobiernos y ciudadanos, el informe sobre riesgos políticos señala que el subcontinente enfrentará una triple crisis este año: de gobernabilidad, de expectativas y de certezas.
Respecto a la primera, la investigación realizada por los académicos Jorge Sahd, Daniel Zovatto y Diego Rojas detalla que “los niveles de confianza hacia las instituciones públicas permanecen bajos, el descontento respecto de la calidad de los servicios públicos permanece alto y las redes sociales siguen imprimiendo una velocidad a las demandas sociales que el Estado no es capaz de procesar”.
Sobre la crisis de expectativas, el texto advierte que las distintas protestas sociales, “cada vez más violentas”, hablan de expectativas frustradas y esperanzas que se esfuman, al tiempo que “los gobiernos no han sido capaces de adaptarse al cambio social”.
Para encarar tales desafíos, exponen los investigadores, el primer paso en los países latinoamericanos “es apostar por el fortalecimiento institucional, más específicamente la mejora de capacidades e independencia del Poder Judicial y órganos de control”.
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