Ya se sabía que el secuestro y extorsión de migrantes se habían convertido en una fuente de ingresos para las bandas del crimen organizado. Sin embargo, una investigación del Colegio de la Frontera Norte (Colef) ha revelado que la depredación de indocumentados ha derivado también en un “círculo perverso” que beneficia a sectores de la economía “formal”, como transportistas, hoteleros, restauranteros y casas de cambio.
Realizada por María Dolores París Pombo, la investigación titulada Violencias y migraciones centroamericanas en México, señala que el secuestro masivo de indocumentados, a veces por semanas o meses en casas de seguridad, implica una logística e infraestructura que van más allá de las capacidades de los grupos criminales, que deben echar mano de los servicios de las comunidades locales para transportar, alojar, alimentar y comunicar a las víctimas.
“Los delincuentes no sólo deben gozar de impunidad, sino garantizar la colaboración de las agencias de seguridad y la de múltiples negocios: compañías de transporte, compañías de envíos de remesas, hoteles y restaurantes”, sostiene la autora en el capítulo denominado “Cadenas de explotación: la mercantilización del migrante”.
Al advertir que esta “economía criminal” dificulta el trabajo de las autoridades para combatir la violencia contra las personas migrantes, toda vez que cada vez son menos los alicientes para denunciar y erradicar los abusos, la investigación hace un llamado a los diversos niveles de gobierno para romper las cadenas de lucro que giran en torno a esta forma de violencia, que se ha detectado principalmente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
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Pero no sólo se trata de pequeñas empresas locales. Según el estudio, negocios poderosos también obtienen grandes ganancias por el tránsito y explotación de los migrantes.
“Este es el caso de Western Union, empresa de transferencia de remesas, asociada a las tiendas Elektra, que están estratégicamente situadas a lo largo de la ruta migratoria. Ahí los migrantes van recibiendo recursos para pagar los distintos tramos del transporte, al traficante, las extorsiones e incluso el rescate cuando son secuestrados”, describe el texto.
Para París Pombo, gran parte de los recursos que financian la movilidad y alimentan las economías locales en México provienen de remesas, es decir, generalmente se trata de envíos en forma de préstamo que hacen familiares de los migrantes que ya viven en Estados Unidos.
Según el reporte, fue a partir del gobierno de Felipe Calderón (2007-2012) que la violencia contra los migrantes en México se generalizó, lo que facilitó que se expandieran las actividades legales e ilegales de una amplia gama de actores públicos y privados para lucrar con los indocumentados, tales como traficantes, transportistas, enganchadores, empresas de transferencia de remesas, comerciantes, hoteleros, asaltantes de caminos, cuidadores y funcionarios corruptos.
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