Alerta TI sobre urgencia de proteger al Poder Judicial

La falta de independencia del Poder Judicial en América Latina se ha convertido en uno de los principales problemas para la gobernabilidad de las naciones, ya que socava el Estado de derecho y promueve la impunidad para los poderosos.

Esta es la conclusión que plantea uno de los análisis realizados por la organización Transparencia Internacional (TI) para acompañar la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2023, dado a conocer esta semana.

En América Latina y el Caribe, la falta de independencia y transparencia del Poder Judicial promueve la corrupción y la influencia indebida de las elites políticas y económicas”, subraya el documento, que se presenta una semana antes de que, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador lance una iniciativa de reforma al Poder Judicial.

Esta situación, continúa el análisis de TI, hace que muchos sistemas de justicia en toda la región sean “incapaces de aplicar la ley de manera efectiva e imparcial o de ejercer su función como control de otras ramas del gobierno, lo cual es fundamental para que las democracias funcionen bien”.

En el contexto del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el próximo 5 de febrero, el presidente López Obrador anunció el envío al Congreso de un paquete de 15 iniciativas de reformas constitucionales, con lo que daría cerrojazo a su administración, previo a los comicios de junio próximo, en los que se renovará la Presidencia y la totalidad del Poder Legislativo.

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Una de las iniciativas del mandatario busca que jueces, magistrados y ministros sean electos a través del voto popular, toda vez que, según su propia visión, la actual forma de designación (por formación, carrera y oposición) ha creado una “burocracia dorada” que se aleja de los intereses del pueblo.

Además, la iniciativa se formulará después de que, el pasado 4 de enero, Lenia Batres Guadarrama, una confesa simpatizante del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Batres, de 54 años, es la primera ministra que llega a su puesto designada directamente por el presidente, tras un proceso en el que la terna propuesta por el mandatario fue rechazada un par de veces por el Senado de la República.

Desde la óptica de TI, “en países como Brasil, México y Honduras, la designación de jueces y ministros sin mérito por parte de otras ramas del Estad, a menudo a través de procesos opacos y en algunos casos ilegales, socava la independencia del Poder Judicial”, alerta el análisis.

Este fenómeno, prosigue TI, “fomenta la injusticia y un sistema en el que la ley se aplica de acuerdo con los intereses del gobierno y de la élite gobernante; también garantiza la impunidad de los corruptos y dificulta la recuperación de los activos robados”.

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