Con sus más de 36 mil empresas afiliadas que ocupan a 25% del empleo formal y generan alrededor de una tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) de México, la Coparmex muestra su preocupación ante las señales del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la mayor participación del Estado en las actividades productivas, como sucedió el siglo pasado en los años 70 y 80.
Además de ser una competencia desleal para el capital privado, genera grandes desequilibrios en las finanzas públicas por la ineficiencia del gobierno para operar empresas. Esto incide también en mayores déficits presupuestales por los subsidios (impuestos recaudados) que transfiere. Para subsanar ese mayor gasto que ingresó (déficit) y en el mediano plazo, se tiene que contratar una deuda para financiar ese faltante de recursos.
“Claramente (hay señales que) nos indican de que hay un viraje a una política de una economía de Estado, como las que estuvieron vigentes de 1970 a 1982, y no sería extraño que la narrativa que impera en el gobierno de la República se ubique precisamente en ese lapso de lo que se pretende construir”, respondió a pregunta expresa de ejecentral el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.
En conferencia telefónica, el líder patronal señaló que si bien “hay signos que apuntan en esa dirección, no puedo decir de manera concluyente que la vocación de este gobierno sea un neoestatismo”.
Además de mencionar la creación, por parte del Estado, de la empresa de internet para todo México, con tarifas sin fines de lucro, De Hoyos señaló que el gobierno federal ya habría dado los primeros pasos para abrir supermercados, con lo cual rivalizará con grandes cadenas comerciales como Wal-Mart, Soriana, Chedraui, HEB o Casa Ley, entre otras.
Está la “pretensión, que se ha hecho pública y ya hay pasos claros en esa dirección para construir tiendas de autoservicio que estén operadas por parte del gobierno”.
Esas nuevas tiendas se sumarían a los 67 supermercados que opera el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En la Ciudad de México y área metropolitana hay 18 tiendas SuperISSSTE y 49 establecimientos en el interior de la República.
Estos signos de estatización también se presentaron en el primer año de gobierno de Vicente Fox Quesada. Argumentando “causas de utilidad pública”, en septiembre de 2001, el gobierno expropió 27 de los 36 ingenios azucareros del país. Sin embargo, en febrero de 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró ilegal la estatización.
Desplazamiento de la IP
El 2 de agosto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo para crear su subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para ofrecer servicios de telecomunicaciones (telefonía e internet) sin fines de lucro.
Dicha empresa, que es la primera creada por el presidente López Obrador, representará en 2020 un rival comercial para Teléfonos de México (Telmex), Totalplay (Grupo Salinas), Axtel (Alfa), Megacable, Izzi y Cablemás (Televisa), entre otras.
De momento, ya obstaculizó los planes de inversión privada de la Red Troncal de Telecomunicaciones de México, proyecto que nació durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual pretendía conectar a 80% del país.
Además, López Obrador ha señalado su interés de que el Estado construya y opere estaciones de gasolina, invertir en una planta para producir fertilizante, una cadena logística para la distribución de medicamentos para el sistema de salud.
Otra forma de cerrar la puerta al capital privado fue cancelar las asociaciones con empresas privadas (farmouts) con Pemex. También la CFE, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Secretaría de Energía (Sener) cancelaron la participación del capital privado al anular las subastas de largo plazo de energía eléctrica.
Con esto, el Estado asume mayor participación, para lo cual distrae recursos que podrían canalizar a los programas sociales.
Otra señal de estatización es la potencial compra de 49% de las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca a Aleatica (antes OHL México), con lo cual en forma indirecta el gobierno federal aumentará su participación de 25 a 74% y el resto en manos del gobierno del estado de México.
Al respecto, el coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas (CEFI) de la UNAM, Miguel González Ibarra, indicó: “El gobierno federal podría ser accionista mayoritario del aeropuerto de Toluca. Está desplazando a la iniciativa privada. Es una señal, aunque todavía no se ha concretado, de estatización y si hay señales de estatización, no es una señal adecuada”.
Agregó que “si sigue sobre la política de estatización, eso genera incertidumbre entre el capital privado”, agregó.
En ese mismo sentido, De Hoyos enfatizó que la postura de la Coparmex es “exigirle al gobierno federal que deje de ser un inhibidor del crecimiento y que retome la responsabilidad para generar confianza. Lo que le falta al gobierno federal es generar condiciones que den confianza y certidumbre” a los inversionistas y a los consumidores.
Bajo la lupa patronal
El líder de los más de 36 mil empresarios advirtió que la Coparmex estará monitoreando las acciones del gobierno, “vamos a velar para que no haya un retroceso de la economía de mercado que hoy impera en el país, para que no tengamos un retroceso a lo que antes llamaban economía mixta, hoy economía de Estado, que operó en años lejanos del siglo pasado”.
En el pasado, el gobierno tuvo el control de empresas productoras de camiones (Diésel Nacional, DINA) con Dina Camiones, Dina Autobuses, Mexicana de Autobuses (MASA), tres empresas productoras de motores, bicicletas, carros de ferrocarril, fertilizante, acero, entre otros cientos más.
Por ejemplo, al inicio del sexenio de Luis Echeverría Álvarez había 322 paraestatales y al final de su periodo ya había 845 empresas del Estado, es decir 162% más.
› El récord histórico fue al final del sexenio de José López Portillo que se tuvieron mil 155 paraestatales, ya que en septiembre de 1982 se nacionalizó la banca comercial.
La defensa de la estatización fue ilustrada por el catedrático, investigador y exfuncionario del Banco de México (Banxico), Eduardo Turrent Díaz, en su libro Estatización bancaria en México, antecedentes, causas y consecuencias, en el que señaló que con la nacionalización de la banca, el gobierno pensaba impulsar la eficiencia de los bancos en el otorgamiento del financiamiento al ritmo del crecimiento de la producción sin subsidios.
Para ello requería operaciones a bajo costo que lograría al cerrar sucursales redundantes, reduciendo gastos de publicidad y eliminando “oficinas lujosas”, como la República Austera de López Obrador.
La historia económica ha mostrado que el gobierno es un mal administrador de empresas. Un ejemplo: las empresas que formaron a la compañía Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa, en los últimos 29 años gastaron más de lo vendido. La primera necesitó 1.13 pesos para facturar un peso. Liconsa por cada peso de ventas gastó 1.48 pesos.
Esa es la preocupación del presidente de la Coparmex, por lo cual dijo que en caso de seguir la política neoestatista, analizarán caso a caso para ver la forma de impugnar en las medidas en los tribunales.
Reconoció si bien el Congreso está dominado por el partido Morena, “estaremos tratando de persuadir para que no se realicen reformas que sienten las bases de retroceso”.
Déficit. La potencial mayor transferencia de recursos de impuestos recaudados a empresas controladas por el Estado, representaría para el gobierno federal la contratación de más deuda.
Monitoreo. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, advirtió que vigilarán las acciones del gobierno “para que no haya un retroceso de la economía”.
