Alemania podría extraditar a Puigdemont por malversación

Un tribunal alemán dictaminó este jueves que el líder independentista catalán Carles Puigdemont puede ser extraditado a España pero solamente por supuesta malversación y no por el cargo más grave de rebelión. La “extradición por la acusación de malversación de fondos públicos es admisible; una extradición por la acusación de rebelión no es admisible”, indicó la corte superior regional de Schleswig-Holstein, precisando que recae en el fiscal organizar la entrega a las autoridades españolas y que el expresidente de Cataluña “Carles Puigdemont es libre” hasta entonces. Esta decisión cierra un capítulo en los procedimientos legales de la Unión Europea en torno a la extradición de Puigdemont reclamada por España. El expresidente catalán aseguró que luchará “hasta el final” tras conocerse la decisión. “Lucharemos hasta el final y ganaremos”, tuiteó Puigdemont, celebrando que quede descartada la extradición por rebelión, la principal acusación del Tribunal Supremo español que lo reclama por su papel en el fallido intento de secesión de 2017. “Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado. La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión”, celebró. La decisión del tribunal asesta un golpe a los motivos presentados por España para reclamar su extradición, ya que impide un juicio por rebelión. “La corte parte del principio de que el tribunal español respetará (la decisión alemana) y que no procesará al acusado Puigdemont por rebelión además de por corrupción”. Los jueces rechazaron asimismo los argumentos del independentista catalán que estimaba ser una víctima política y que por consecuente no se debía dar curso a su extradición. “Es aberrante hacerlo (una acusación como esa) contra el Estado español, miembro de la comunidad de valores y del espacio jurídico de la Unión Europea”, estima el tribunal. España acusa a Puigdemont de rebelión y malversación de fondos por el referendo independentista catalán organizado en 2017. El catalán se refugió en Bélgica luego de su destitución de la presidencia autonómica y desde ese país viajaba a otros de la UE para internacionalizar su combate. Fue detenido a fines de marzo en el norte de Alemania cuando viajaba, en auto, de Finlandia a Bélgica. La fiscalía alemana indicó que “decidirá pronto sobre la autorización de extraditar al acusado por malversación de fondos”. Una portavoz de la oficina de la fiscalía describió este paso como ampliamente formal. Impedido de asumir la presidencia catalana, Puigdemont designó a un sucesor en mayo, y así allanar el camino para poner fin a la crisis. El nuevo gobierno español también avanzó para terminar con el conflicto. El miércoles, los últimos tres líderes independentistas que quedaban encarcelados cerca de Madrid por su participación en el intento de secesión llegaron a Cataluña, culminando el traslado aprobado días atrás por el gobierno español. La semana pasada habían sido trasladados los seis primeros, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell. El traslado se aprobó días antes de la primera reunión oficial, el lunes, entre Pedro Sánchez y el presidente independentista catalán Quim Torra, en la que se comprometieron a seguir dialogando a pesar de sus notables discrepancias.

“Lucharemos hasta el final”

El expresidente catalán Carles Puigdemont aseguró que luchará “hasta el final” después de la autorización de la justicia alemana de extraditarlo a España sólo por malversación, descartando el grave delito de rebelión. “Lucharemos hasta el final y ganaremos”, tuiteó Puigdemont, reclamado por el Tribunal Supremo español por su papel en el fallido intento de secesión de esta región nororiental el pasado octubre. “Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado. La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión”, celebró. La corte superior regional de Schleswig-Holstein autorizó la extradición a España por malversación pero no por rebelión, un delito por el que podía haber sido castigado con 25 años de prisión. El gobierno de Puigdemont organizó un referéndum ilegal sobre la independencia el 1 de octubre, marcado por la violencia policial contra los votantes, y permitió el 27 de ese mes que el Parlamento regional proclamara una república independiente. Cesado poco después por el gobierno español, Puigdemont marchó al extranjero junto a algunos de sus ministros, esquivando las querellas por rebelión de la justicia española que llevaron a la prisión a los miembros de su ejecutivo que permanecieron en España. La imputación de este delito había generado fuerte controversia pues, de acuerdo con su definición en el código penal, requiere del uso de la violencia que, según los independentistas, no existió en Cataluña. El sucesor de Puigdemont, el actual presidente Quim Torra, aseguró también por Twitter que la decisión “demuestra una vez más los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca debería haberse iniciado”.