Aunque Alejandra de la Vega hizo público que tres días antes de asumir como secretaria de estado en el Gobierno de Chihuahua dejó de ser la directora de Almacenes, su nombre aparece, cuando menos desde el 22 de septiembre de 2017, en la solicitud de tres licencias para negocios, de acuerdo con documentos obtenidos por La Verdad.
El 22 de septiembre de 2017 solicitó a la dirección de Desarrollo Urbano Ecología del Municipio de Chihuahua una licencia de construcción para tienda de autoservicio en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Ejido Labor Terrazas de esa ciudad, según consta en el documento público emitido el 27 de octubre de 2017.
El 15 de diciembre de 2017 aparece con su nombre una licencia de construcción número 11474 ante Desarrollo Urbano en Ciudad Juárez para obra de uso comercial en avenida Miguel de la Madrid 7309, colonia Héroes de la Revolución, de acuerdo con registros oficiales del Municipio de Juárez.
En los mismos registros hay otra inscripción a nombre de la funcionaria, es el certificado de ocupación número 11192, otorgado el 15 de febrero de 2018 para una tienda de autoservicio ubicada en Hacienda El Retiro 3321, colonia Hacienda de las Torres Universidad, firmada por Lilia Ana Méndez, directora de Desarrollo Urbano.
Cuestionada sobre estos trámites, la secretaria estatal asegura que el hecho de que esté su nombre no quiere decir que ella los está gestionando.
–Alejandra de la Vega (ADV): ¿Cuál permiso? Deme las pruebas y con mucho gusto le respondo porque jamás se ha promovido un solo permiso o una sola gestión para las empresas de mi familia.
–La Verdad (LV): Son tres permisos, uno el 22 de septiembre donde solicita a la Dirección de Desarrollo Urbano una licencia de construcción en una tienda en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc…
–ADV: Por eso, pero dónde dice que yo la solicité o viene…
–LV: Viene su nombre.
–ADV: Por eso, que lo hagan a mi nombre porque yo soy propietaria de un terreno o porque soy socia de la empresa es una cosa, que yo gestione, Alejandra, el permiso, es totalmente diferente, entonces eso es una acusación, yo cuidaría…
Su nombre y firma también aparecen como “quejosa” en el más reciente amparo promovido el 29 de octubre de 2019 en reclamo del Reglamento para Urbanización y Operación de Estaciones de servicio de Ciudad Juárez.
Además, el desempeño entre la esfera pública y la privada de la funcionaria también ha sido evidenciado por uno de sus más cercanos colaboradores en la Secretaría estatal, Jesús Mesta Fitzmaurice, quien el 6 de agosto pasado mostró vía Facebook cómo las oficinas de Almacenes Distribuidores de la Frontera son utilizadas para reuniones de trabajo del equipo encargado impulsar las actividades económicas en Chihuahua.
Su esposo Paul Foster la acompaña a eventos oficiales, como consta en fotografías que la misma Alejandra difundió en sus redes sociales sobre un viaje a Taiwán hecho en octubre pasado por una delegación de Chihuahua con miras a ampliar la relación comercial e industrial.
Acerca de si la información privilegiada a la que tiene acceso como secretaria ha sido utilizada para su interés personal, Alejandra de la Vega considera “totalmente blindada” la posibilidad, con el argumento de que ni ella ni su familia participan en algún proyecto de la dependencia a su cargo.
Todo esto ocurre mientras la secretaria estatal rechaza hacer pública su declaración patrimonial y de intereses con el aval del gobernador Javier Corral.
Para René Moreno Medina, consejero del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, es cuestionable que se mantenga al frente de la Secretaría sin dejar sus labores empresariales
“Visto desde el punto de vista legítimo, está pésimo que una persona que se dedique al servicio público esté haciendo cosas de carácter de lucro. (Lo que hace Alejandra de la Vega)… No sirve de nada tener un código de ética si nada más es papel”, apunta al referirse al conjunto de los principios y valores que impuso el gobernador Javier Corral desde enero de 2017.
Según Moreno Medina, Alejandra de la Vega “ha incumplido por lo menos con el principio número IX, que compromete a los servidores públicos a no utilizar su puesto para obtener algún beneficio o ventaja personal”.
Desde el principio del servicio público de Alejandra de la Vega, sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses han permanecido en la opacidad. Esto, justifica ella misma, se debe a que sus familiares no le permitieron que se hiciera del conocimiento público.
De la falta de información, precisa Alejandra en una misiva dirigida a los ciudadanos de Chihuahua, estuvo enterado el gobernador Javier Corral desde que la invitó a formar parte de la administración del panista.
“Esto obedece a una situación de estricto carácter familiar, que no me permite hacer pública la información solicitada. Esto fue previsto e informado desde el momento en que fui invitada a formar parte del Gabinete de Gobierno para el ejercicio 2016-2021”, dice en el documento.
Moreno Medina señala que la imposibilidad para conocer las declaraciones de cualquier servidor público es un obstáculo para la rendición de cuentas.
“Creo que la persona funcionaria que pide que la declaración patrimonial no sea pública ya es un problema. Al menos deberían de poner el ejemplo ese primer círculo (del gabinete de gobernador). Me parece bastante negativo que no se conozca porque eso deja en vulnerabilidad a la hora de ver cómo sus intereses confluyen con su evolución patrimonial”, considera el activista.
Para la defensa de ese patrimonio, la empresaria se ha rodeado por contactos en el mundo político y económico.
Ocurre así en el proceso que mantiene su empresa por el mercado gasolinero. Uno de sus abogados es César Jáuregui Robles, quien ocupó de 2009 a 2014 un asiento en el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, donde presidió la Comisión de Disciplina, el área encargada de dictar y ejecutar las amonestaciones y sanciones del Poder Judicial de la Federación.
Los contactos de Jáuregui en el terreno judicial se extienden a su cercanía con dos exministros de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Aguirre Anguiano y Mariano Azuela Güitrón, con quienes junto al exprocurador Arturo Chávez Chávez integra una fundación de litigio pro bono en temas de derechos humanos.
Y mientras tanto, el hijo del abogado se encuentra como empleado en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, misma que encabeza Alejandra de la Vega; de acuerdo con información oficial, César Jáuregui Erives, ocupa un puesto de asesor en la dependencia.
Completa la defensa de Almacenes el ex procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, quien junto con Jáuregui fue socio de Antonio Lozano Gracia, también ex procurador General de la República en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Otro caso es el de Iván Pérez Ruiz, quien ha sido por más de ocho años el abogado externo de Almacenes Distribuidores de la Frontera.
Pérez Ruiz y su despacho fueron los responsables del inicio del proceso jurídico en contra del Municipio encabezado por el alcalde Armando Cabada Alvídrez.
El 1 de septiembre de 2017 Pérez promovió el primer amparo y 28 días después se registró como aspirante a una candidatura independiente a diputado federal con el respaldo de Armando Cabada, la autoridad a la que combatió en tribunales.
En medio de la campaña el abogado fiscalista logró el amparo para Almacenes, pero no alcanzó la curul y poco después de dos meses de la elección fue designado por Cabada como director General de Centros Comunitarios.
Durante
su cargo como funcionario municipal, en el que duró siete meses, encaró
una nueva fase del litigio ahora en contra del grupo opositor de gasolineros al tiempo que se logró la expansión de las estaciones Arco en la ciudad.
“Yo no estaba impedido, ser funcionario público no te impide a ti continuar con tu actividad normal, no existe ninguna ley que lo hubiera prohibido”, expone quien asegura haberle avisado al alcalde “tengo que compaginar sus dos actividades”.
Sostiene que durante su horario de trabajo, que iba de ocho de la mañana a tres de la tarde, en ningún momento atendió asuntos de Arco, sin embargo, cuando ya era muy complicado compaginar los dos tiempos tuvo que decirle al presidente que renunciaba, “que lo mío es mi oficina, mi profesión”.
No habían pasado ni tres meses de su salida de la función pública cuando Pérez Ruiz encara un revés jurídico con la clausura de las gasolineras que Almacenes abrió con el amparo obtenido.
Con el caso en la Suprema Corte y la integración de los abogados Jáuregui y Chávez Chávez a la defensa, los De la Vega buscan garantizar su expansión en el mercado gasolinero.
“Vamos a seguir y lo vamos a llevar a las instancias que sea necesario”, advierte Guadalupe de la Vega, quien ahora aparece en los tribunales junto con su hermana Alejandra, la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua protegida del gobernador Javier Corral.
laverdadjz@gmail.com
ES DE INTERÉS |
