Quizá el primer día del año podríamos ocuparlo en razonar e identificar la respuesta a la pregunta que con más frecuencia nos hacemos: ¿cuáles son nuestros mejores deseos para estos 365 días por venir? La pregunta es válida y oportuna, no sólo por tratarse del comienzo del año –la época en que se plantea–, sino también, en este caso particular, por todo lo que habrá de tener lugar en el 2024.
Ante elecciones tan importantes, quizá el primer deseo que deberíamos plantearnos sería el que tiene que ver con que éstas se realicen, y que para ello se cumpla la ley; se conserven las instituciones constitucionales concebidas en las que está depositada la competencia adecuada para hacer cumplir el sufragio ciudadano.
Sin embargo ¿acaso es necesario que debamos desear la observancia de una norma que, por sí misma, es obligatoria? ¿hemos perdido confianza en esa vigencia y obligatoriedad de la ley?
Todo hace parecer que así es. En octubre pasado se publicó el índice anual sobre “Estado de Derecho”, del World Justice Project(Programa de Justicia Global), y sus resultados no son alagadores.
Paradójicamente, los gobiernos de izquierda en todo el mundo son los que impulsan la agenda garantista más prolija de todas. Se antoja la más favorecedora para la sociedad y para el individuo, en la medida en la que conlleva beneficios con resultados materiales siempre tangibles, que deberían traducirse en un mejoramiento de la calidad de vida de la población y, por ende, de su felicidad objetiva.
Sin embargo, un problema que a menudo se pasa por alto, es que la concepción y creación normativa de un derecho siempre trae aparejado el nacimiento de una obligación. El gobierno pregona siempre los derechos, pero muy rara vez alude y explica la extensión de esa obligación que habrá de exigirse para garantizar al anterior.
Los derechos y las obligaciones que los soportan no desaparecen según la identidad de sus destinatarios. Así como para algunos derechos existen sujetos obligados que pertenecen al sector privado, otros desencadenan obligaciones que deben cumplirse por el sector público. En la medida en que tales derechos se consagren en la Constitución y les sean exigibles a la autoridad, éstos se convierten en garantías.
En el discurso habitual de nuestros gobernantes, referirse a derechos que descansan en el ámbito de las cargas fiscales que han de imponerse a quienes más ingresos perciben, acaba por ser un proceso fácil y pegajoso; constantemente se expanden los beneficios asociados a programas sociales, a sabiendas de que habrán de soportarse con ingresos de los contribuyentes. Referirse a derechos constitucionales que importan cargas administrativas y restricciones legales, incluso, responsabilidades a cargo de los mismos gobernantes, acaba por ser un tema delicado que no deja de incomodar a varios y que, consiguientemente, no se toca.
La observancia de la ley constituye un factor imprescindible para el funcionamiento de cualquier democracia avanzada. La efectividad del Estado de Derecho, además, constituye una condición de la que depende la marcha real de la economía. El progreso entre las naciones se mide, en gran medida, por el compromiso que la sociedad y su gobierno asumen frente al mundo entero de observar, cumplir y hacer cumplir sus propias normas. La inobservancia del derecho, en la amplia gama de formas en que esto puede llegar a suceder, da lugar al carácter más primitivo o avanzado de esa sociedad en la que tal compromiso se ve satisfecho.
Como lo mencionábamos al inicio, el mundo entero ha retrocedido a lo largo de los últimos siete años en este proceso relacionado con el cumplimiento de la ley –así lo indica el índice del WJP–. La desatención de los derechos fundamentales ha retrocedido en más de un 70 por ciento de los casos.
México, por su parte, ha caído al lugar 116 de entre 142 naciones evaluadas por cuanto a la consolidación de un auténtico “Estado de Derecho”. Dos factores primordiales que en el caso de nuestro país han impactado negativamente han sido la corrupción, por un lado, y la grave carencia de justicia en materia de seguridad. Indiscutiblemente, son factores que todos conocemos.
Otro renglón en el que hemos retrocedido, tiene que ver con la debilidad de las instituciones que sirven como freno y contrapeso de aquellas otras en las que queda depositada la obligación de hacer cumplir la ley, cuando éstas últimas gozan de los elementos coercitivos de la norma de los que depende la funcionalidad de la ley y la salvaguarda de la paz pública. En ese renglón, México ocupa la posición 104 de 142. Dos renglones debajo de Vietnam y dos por encima de Madagascar, trece por debajo de Belice y dieciséis por debajo de Ecuador, nuestros pares latinoamericanos más cercanos.
En este comienzo del año afloran en nuestro espíritu los mejores deseos para quienes nos rodean o para el mundo entero: paz, salud, riqueza, bienestar. Por lo que representa el proceso electoral que ya atravesamos, nuestro mejor deseo no puede ser otro sino el de ver lograda la observancia de la ley. Lograr que nuestra sociedad comprenda que no nos conviene tener legisladores deseosos de regalarnos derechos (que socavan las libertades e imponen obligaciones a otros), y que comprenda asimismo que no hay modo de hacer valer algunos de esos derechos, sino mediante la exigencia y garantía de que las obligaciones habrán de cumplirse por la autoridad. Que en el 2024 conservemos las instituciones que han favorecido los contrapesos de los que depende que todas las autoridades cumplan sus obligaciones para con nosotros, y que en este año avancemos en la observancia y cumplimiento real y eficaz de las normas que salvaguardan nuestra democracia, nuestra garantía a elegir libremente a nuestros gobernantes. Que, una vez más, podamos disfrutar del buen sabor que nos deja sabernos poseedores de instituciones legales que garantizan, para todos los mexicanos, la transición y alternancia del gobierno por la vía constitucional, sin afectación al privilegio que más nos interesa tener: la paz.
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