El sexenio de José López Portillo, entre 1976 y 1982, estuvo marcado por el derroche y la corrupción. Miguel de la Madrid recibió un país quebrado, hundido en una profunda crisis de credibilidad, con graves problemas financieros derivados de una inconclusa nacionalización bancaria. Éste –de la Madrid–, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con profunda vocación por la ciencia jurídica, encontró en la lucha contra la corrupción y la administración de justicia un símbolo de su gobierno, al que se aferró con determinación.
El 10 de agosto de 1987, en el penúltimo año de su propia administración, se publicó en el Diario Oficial un Decreto de reformas a la Constitución en materia judicial, por virtud del cual se redefinió la competencia de la Suprema Corte de Justicia, al convertirla en un tribunal de máxima constitucionalidad, por derivación de algunas de sus facultades a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito.
Entre algunas de las modificaciones aprobadas en esa reforma, se incorporó al segundo párrafo del artículo 97 constitucional una atribución exclusiva de la Suprema Corte de Justicia para averiguar “algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”.
Se trató de una ampliación competencial poco debatida por el legislador constituyente, que jamás encontró eco en leyes ordinarias a través de las cuales se hubiera desarrollado.
A pesar de la precariedad normativa inherente a esa atribución investigadora extraordinariamente depositada en el máximo órgano de justicia del país, ésta, la facultad para investigar hechos referentes a una grave violación a garantías individuales, fue el cimiento de una intervención histórica de la Suprema Corte de Justicia que hoy, con más fuerza, resuena hasta Ciudad Juárez.
El 5 de junio de 2009 ardió la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, con motivo de un incendio que se propagó desde una estación de gasolina colindante. Cobró dolorosamente la vida de 49 niños y la salud de un centenar más. La tragedia, muy grave y trascendente, condujo a las autoridades ministeriales a deslindar responsabilidades a cargo de una multiplicidad de servidores públicos pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, y del propio Ayuntamiento de Hermosillo.
Sin embargo, la gravedad del caso obligó a una comisión designada por la Suprema Corte de Justicia a investigar hechos que demostraban una desorganización generalizada de los procesos para asignar autorizaciones a favor de guarderías subrogadas, que abarcó hasta los más altos funcionarios de ambos órdenes de gobierno: a Eduardo Molinar Horcasitas –Director del IMSS–, y a Eduardo Bours –gobernador de Sonora–. El resultado de esa investigación dio lugar a que nuestro máximo tribunal declarara que sí existieron violaciones graves a las garantías individuales de las víctimas, por cuenta de distintos servidores públicos del IMSS y del Ayuntamiento, aunque no se descubrieron ni acabaron declarándose a cargo de su Director y el Gobernador, respectivamente.
Con independencia de la trascendencia jurídica que tuvo el caso, lo más relevante de ese proceso en esta época, tiene que ver con la organización seria de una investigación que buscó, más allá de fincar responsabilidades jurídicas, políticas o morales a cargo de alguna persona, la de satisfacer la legítima necesidad de muchos padres de familia de encontrar justicia; de saber que su doloroso caso era escuchado, y que los descuidos imputables a cualquier servidor público que por omisión había abierto el camino para que esa tragedia sucediera, habría dado lugar a algún castigo. La justicia viene de la mano con la aspiración mínima de cualquier individuo, de ser oído y vencido, ante un órgano imparcial que se encargará de aplicar la ley.
Dicha facultad constitucional de la Suprema Corte de Justicia fue extraída del texto constitucional en 2011, y hoy, ya no habría modo en que los ministros se conviertan en investigadores de una violación grave a alguna garantía individual con la finalidad de atender un reclamo tan grave como ese que aconteció en el 2009.
Lo doloroso es que, así como habrían dudas sobre el grado de responsabilidad penal que podría fincarse a cargo de un servidor público, por abstenerse de verificar qué tan grave podría ser la concesión de una autorización para la apertura y funcionamiento de una guardería, nadie dudaría, en cambio, de la clara responsabilidad criminal exigible a cargo de quienes la semana pasada decidieron dejar encerrados a extranjeros detenidos por autoridades administrativas de migración, prácticamente, sin ninguna justificación, durante un incendio que acabó por cobrar la vida 39 seres humanos, y la salud de muchos más.
Es verdad que se han presentado ante la Fiscalía General de la República a los servidores públicos que tuvieron que ver con los hechos, pero hay un ingrediente en este caso que, por su clara similitud con aquel ocurrido en el 2009, hace falta: ¿quién habrá de pronunciarse con relación al desorden generalizado en el ámbito de la aplicación del derecho de extranjería y el mal trato institucionalizado contra los migrantes? ¿será acaso el hecho de que se trate de extranjeros, que nadie más habrá de abogar por que las condiciones en los resguardos del INM se cambie para bien de aquellos?
La Suprema Corte de Justicia no podrá hacer ya nada para declarar la evidente violación flagrante a los derechos humanos más elementales de los migrantes asesinados. ¿acaso el involucramiento de la CNDH puede ser un bálsamo para remediar un dolor tan grave como el que atraviesan los millones de extranjeros que arriesgan su vida para cruzar el país con miras a llegar a los EEUU?
El problema de la pobreza que vive Latinoamérica no lo ha provocado México; sin embargo, la irresponsabilidad con la que se maneja la política migratoria del país no vendrá a remediarlo. Las mismas políticas de seguridad para la vida de los trabajadores que anhela tener nuestro gobierno en su trato a los migrantes mexicanos con los EEUU, deberían coincidir con aquellas que el país ofrezca a los extranjeros. El fenómeno de la migración demanda hoy, más que nunca, un replanteamiento global a favor del tránsito ordenado y repatriación asegurada de la mano de obra. México debería de encabezar el movimiento... si tuviera legitimación moral.
