Todas las ideas y principios que orbitan alrededor de la imperatividad del derecho no constituyen ocurrencias aisladas ni una narrativa política-electoral; del cumplimiento de la Constitución y de las leyes depende, en una muy buena medida, la conservación del gran acuerdo social y la paz pública.
Las formas que emplea el Presidente de la República en el ámbito de la retórica constituyen una afrenta al Estado de Derecho y un reto constante al mantenimiento de la concordia y la gobernabilidad democrática de México, porque atentan permanentemente contra las instituciones.
El solo hecho de que los letreros empleados para distinguir su primer informe de gobierno contuvieran un señalamiento de que se trataba del tercero, entraña por sí mismo un rompimiento con la Constitución y con la legalidad; un mensaje que envuelve malos presagios y conduce a malas consecuencias, sin importar cuántos inversionistas lo acompañen en el estrado para calmar los ánimos y decir que todo va a estar bien. Una cosa es hablar en el micrófono y otra muy distinta es firmar el cheque.
El problema no estriba solamente en el hecho de que sea el Presidente de la República quien mande al diablo las instituciones, sino que lo acompañen en esa empresa quienes militan en su partido y tengan encomendada alguna función política superior.
En el Congreso de la Unión se discuten las leyes de las que depende la marcha del país; la gobernabilidad de cada una de las Cámaras resulta no sólo crucial para la sana transición de los acuerdos políticos alcanzados entre los partidos, sino un tema de absoluta relevancia nacional, que puede dar lugar a un descarrilamiento de la estabilidad social y la convivencia pacífica entre los mexicanos.
En la Cámara de Diputados, donde la función parlamentaria la ejercen quienes representan a la Nación, al pueblo de México, la Mesa Directiva tiene una función y atribuciones primordiales de las que depende la buena marcha del debate parlamentario, ya que no sólo le compete hacer guardar el orden en el recinto legislativo, sino también la de interpretar su normatividad interna y definir el orden del día para la sesión y la apertura de los puntos a discusión y dictámenes aprobados, al debate de los propios legisladores.
El Presidente de la Mesa Directiva tiene bajo su encomienda y cuidado, la observancia puntual del Reglamento de la Cámara y la decisión en torno de cuándo un asunto se encuentra totalmente discutido o puede abrirse a mayor discusión en un momento dado, de ahí que se convierta, propiamente, en el árbitro de la contienda parlamentaria, para beneficio o perjuicio de todos los que integran el propio órgano del Legislativo Federal.
En los términos del artículo 17., numeral 7., de la Ley Orgánica del Congreso General, la presidencia de la Mesa Directiva en el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura debe recaer, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido.
A lo largo del tiempo, la disposición anterior no sólo se ha visto cumplida por constituir una norma jurídica que obliga a los grupos parlamentarios en el Congreso, sino también porque constituye un pacto mínimo de civilidad política y convivencia pacífica entre los partidos de los que depende la buena marcha de la función parlamentaria.
Este fin de semana, con la reelección de Porfirio Muñoz Ledo en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la ley se violó y el acuerdo se quebrantó.
Es verdad que la continuidad de Porfirio Muñoz Ledo en el Congreso podría ser relativa, pues solamente durará el tiempo que la Junta de Coordinación Política necesite para construir un nuevo acuerdo a lo largo de esta semana, pero el problema no estriba en la temporalidad de la consecuencia, sino en el hecho mismo de haberse infringido el acuerdo de gobernabilidad en la propia Cámara.
El quebrantamiento sistemático de la ley o, como en este caso sucedió, el aprovechamiento del voto mayoritario para subordinar a la oposición, ya sea desde la trinchera del Ejecutivo y como lo hizo ver al referirse “con todo respeto” a los partidos de oposición, o, ahora, desde el seno de los grupos parlamentarios en el Congreso General, al haber impedido la alternancia de la presidencia de la Mesa Directiva en los términos de la disposición descrita, implica la asunción de un riesgo de violencia innecesario que impone un altísimo costo político a la Nación.
Al iniciarse la revolución de 1910, lograr la renuncia de Porfirio Díaz fue una meta relativamente fácil de cumplir por parte de Madero. La lucha que sobrevino y el número de muertes que provocó la consolidación de un pacto de gobernabilidad posterior, permanecen en las páginas de nuestra historia. Es imperativo observar todas aquellas reglas de las que depende que ese capítulo no se repita jamás.
El riesgo de que no se respete el acuerdo político puede llevarnos por el camino de la rebeldía de los actores políticos y sociales de México en los períodos de elección sucesivos, supuesto que, de darse, fatalmente acabará de manera violenta.
Nadie puede oponerse a que el país encuentre un rumbo de desarrollo social en el que pueda ponerse un punto final a la corrupción y la impunidad; es menester, sin embargo, que en la búsqueda afanosa por transformar a México en la manera en que se dice y se pretende, se entienda que todos los países civilizados del mundo se rigen por normas de derecho, a las que está sujeto todo gobierno; el nuestro no es una excepción. Resulta sumamente peligroso sucumbir al canto de las sirenas de la reelección.
