El error de diciembre

El título de este artículo evoca a la denominación con que el expresidente Carlos Salinas sugirió identificar a la crisis que el país atravesó a finales de 1994 y principios de 1995, y que él atribuyó a un episodio de ingenuidad del expresidente Ernesto Zedillo, por avisar a los principales inversionistas que iría a deslizar el tipo cambiario para sortear una crisis de liquidez que el país tenía en ese momento. Su propuesta al inculpar, sin embargo, soslayó tomar en cuenta la parte de la responsabilidad que sería atribuible a su propia administración, y que tuvo que ver con la realización de gastos extraordinarios al final del sexenio, soportados en una falsa idea de crecimiento inminente impulsado por la firma del TLC, que elevaron la deuda externa hacia límites impagables. Cualquiera que fuera la causa, la convergencia de los dos factores colapsó la economía mexicana y provocó una devaluación superior al cien por ciento de la moneda; un quebranto similar al que sufrió México en 1976, al terminar el sexenio del expresidente Luis Echeverría, que con la misma fuerza y dimensión sepultó el esfuerzo y los sueños de millones de familias mexicanas por muchos años por venir. Hoy nos encontramos en la víspera de un cambio de gobierno que promete una alternancia paradigmática, una transformación que, teóricamente, modificará principios económicos de desarrollo edificados y bien afianzados por una cadena de gobiernos neoliberales que han logrado diseñar un camino, un guión, que se ha venido siguiendo al pie de la letra y que, de un modo u otro, ha dado algunos resultados. El Presidente electo promete nuevos vientos, nuevas ideas y aspiraciones para lograr una más justa, equitativa y democrática distribución de la riqueza nacional. ¿Hay circunstancias o planteamientos que nos permitan anticipar un error que vaya a causar el mismo descalabro económico en perjuicio del patrimonio de las familias mexicanas, que aquél de diciembre de 1994? Si bien es cierto que a lo largo de estos últimos años se criticó severamente el proceso de endeudamiento que la administración del Presidente Peña había venido permitiendo, un fenómeno que tiraba por los suelos la supuestamente buena dirección de la macroeconomía que las administraciones Panistas se adjudicaron para sí, no podemos dejar de ver que la llegada de José Antonio Meade a la SHCP corrigió la tendencia y evitó el colapso del que mucho se hablaba. Aunque la deuda país creció, no existen vencimientos ni focos rojos que anticipen la necesidad de tomar decisiones aventuradas que, por lo que respecta a dichas obligaciones, deban provocar una salida imprevista de capitales que debiliten extraordinariamente a nuestra moneda. Esto no significa, sin embargo, que la llegada de este nuevo gobierno, con esta robusta retórica de izquierdas, no cause nerviosismo a los inversionistas o, incluso, inquietud y dudas a las casas encargadas de efectuar la evaluación de la calificación crediticia del país. Durante tres procesos electorales escuchamos que el hoy Presidente electo era un peligro para México, y las causas que dieron lugar a la construcción de ese discurso de sus opositores, se concibieron con motivo del contenido mismo de sus promesas de campaña. En el fondo, el cambio social propuesto por AMLO desde el PRD o como candidato de Morena, no tiene sustento si no se produce como consecuencia de una drástica redirección del gasto público, hecho que lo convierte en una decisión potencialmente peligrosa. Sus detractores se empeñaron en dibujarlo como un candidato populista, y no escatimaron esfuerzo alguno en reflejar los resultados que arroja un manejo inapropiado de las finanzas públicas, usando para ello el ejemplo de Venezuela. El aprovechamiento de la imagen de Chávez no encontró límites cuando se trató de minar la propia imagen del candidato tabasqueño. La verdad de las cosas es que México necesitará de una muy prudente conducción del gasto público y respeto de las instituciones encargadas del control de la legalidad, como elemento imprescindible para la conservación de una democracia sólida en la que se favorece al libre mercado y a la competitividad. La firma de un nuevo acuerdo de libre comercio con los EEUU y Canadá es solamente el principio de una larga carrera en la que se busque cimentar las bases sólidas para lograr un crecimiento de largo plazo. Hay un par de propósitos que, ya anunciados por el círculo cercano al Presidente electo, parecieran buscar la manera de llamar la atención de sus más severos críticos y demostrar el inicio de un proceso que avanzaría en el sentido opuesto al que recién comentamos: la modificación de la estructura del Poder Judicial y la convocatoria a una consulta nacional para la construcción del Nuevo Aeropuerto. Parecieran no estar ligados entre sí, pero se trata de dos posturas que pintan al nuevo gobierno de cuerpo entero, y en esa reflexión, el resultado no es alentador. El Presidente electo ha insistido en que ningún servidor público recibirá un salario superior al que el mismo titular del Ejecutivo Federal perciba, y para esto, el suyo mismo lo ha fijado en un límite considerablemente inferior al ingreso que hoy tienen muchos servidores públicos en activo; lo que lógicamente arroja la inminencia de una disminución salarial de consideración. Además, se insiste en que se creará un Tribunal Constitucional que asuma labores de control que hoy tiene encomendadas la Suprema Corte de Justicia. La adopción de la sencillez y la medianía como modelo de gobierno no es mala, en principio; pero es pertinente apreciar que no todos los servidores públicos tienen encomendadas las mismas responsabilidades, ni para todos los cargos se exigen las mismas capacidades. Suponer que los cargos de alta especialización habrán de ejercerse por servidores públicos mal pagados -por así suceder en función de las condiciones que determina el mercado-, asegura que quienes realicen las tareas del gobierno no lleguen a ser los profesionistas mejor calificados. Ese es el caso del Poder Judicial de la Federación, del que deben ser parte exclusivamente los mejores abogados de México. El anuncio del Presidente electo en su contra, pareciera más bien una advertencia, de que a través de esta nueva idea persigue la consolidación de un órgano de control constitucional a modo, que no afecte las actividades de gobierno que a su propia administración convenga y que lo blinde en torno de un proyecto de Nación que, en estricto sentido, no podría ser discutido democráticamente. Si esa postura llegara a confirmarse y a llevarse a cabo, la señal es muy mala, si se analiza la injerencia que de manera indirecta ha pretendido tener en el ámbito de los medios de comunicación, con respecto de los cuales ya ha hecho señalamientos, como el relativo a la conveniencia de que se recontrate a la periodista Carmen Aristegui, llevando a pensar que el Presidente entrante tendrá esa voluntad de intervenir en ese foro. Si la votación del 1 de julio le ha concedido hegemonía en el Congreso General; si logra simultáneamente la reforma del Poder Judicial; y si acaba por incidir en el sentido que sea, en los medios de comunicación, habría destruido a las instituciones que servirían de contrapeso al Ejecutivo en la asunción de políticas de gobierno del país. Desaparecería cualquier idea de oposición, por mínima que fuera. Es ahí en donde la idea de llevar a cabo una consulta para decidir en dónde se construye el Nuevo Aeropuerto resulta tan peligrosa. Porque ante la posibilidad de que ésta se realice, y el modelo se replique hacia otros ámbitos de la vida política del país, ¿Qué sucedería cuando los medios de comunicación y el Poder Judicial Federal ya no sean contrapeso? No hay condiciones de deuda que puedan servir como señales de alarma de que algo malo podría llegar a suceder; sí hay, en cambio, varias señales que los inversionistas de capital y las calificadoras internacionales deberán tomar en consideración para decidir si México sigue siendo un destino seguro para la realización de actividades económicas redituables. El nuevo gobierno deberá de valorar cuál es la importancia que revisten las instituciones democráticas ya constituidas, como elementos esenciales para un desarrollo armónico, en el que se busque esa justicia social que los llevó al poder. @Cuellar_Steffan