La existencia de monopolios en los mercados constituye un fenómeno terrible para el país, impide la inversión y vulnera la economía de la población, sin distinción. Los monopolios son enemigos naturales del desarrollo y del progreso. Por esa misma razón, el artículo 28 de la Constitución los prohíbe, y contempla la conformación de un órgano constitucional autónomo al que encomienda acciones de prevención, de vigilancia y de sanción contra agentes económicos que, a través de prácticas legalmente identificadas, incurren en actos preparatorios o definitivos de conductas que puedan conducir a la configuración de un monopolio.
En estricto sentido, la actividad de ese órgano constitucional, la Comisión Federal de Competencia Económica, sigue cauces regidos por el rigor de la ciencia, y las resoluciones que pronuncia en un momento dado, se motivan en profundos estudios que evalúan la dimensión de un mercado, la relevancia del agente económico en ese mercado, y el daño potencial que la conducta investigada o sancionada pueda ocasionar.
Los integrantes del órgano antimonopolios son servidores públicos cuya capacidad ha sido probada, independientes, sujetos a un control anticorrupción que ha probado ser eficaz, dotados de facultades muy amplias y suficientemente severas, para lograr la observancia puntual de los mandamientos que colegiadamente llegan a adoptar, precisamente para evitar la conformación de un monopolio.
Como era de esperarse y en cumplimiento del mandato de la Constitución, ante la severidad de los efectos que provoca una práctica monopólica, el legislador contempló un régimen sancionador proporcionado, en el que se contemplan sanciones tan importantes como una multa, como tan radicales como puede ser las órdenes para la desincorporación de activos.
Por las particularidades propias de la industria de las telecomunicaciones, así como su función social, resultó conveniente que el análisis relativo a la distribución del espectro radioeléctrico nacional por medio del acto concesionario, fuera gobernado por otro órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que corresponde evaluar la forma en que se evalúa a los concesionarios y se asignan los derechos que incumben a la utilización de este bien de la Nación.
Por la necesaria concentración de concesiones de las que depende la emisión de señales que hacen posible la cobertura nacional de radio y televisión, así como por los antecedentes históricos propios de la industria, resultó lógico que las decisiones inherentes a la valoración del poder monopólico que los concesionarios lleguen a tener con relación a la tenencia de derechos en el campo de la radiodifusión y telecomunicaciones, la calificara el mismo órgano encargado de otorgarlas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, razón ésta por la cual goza de ese doble ámbito de competencia: el de ser autoridad en materia de telecomunicaciones, y de competencia en materia de telecomunicaciones.
El Senador Monreal hizo pública la semana pasada una iniciativa para reformar dos artículos de la Constitución, los artículos 27 y 28, con el objetivo último de desaparecer al IFT, a la COFECE y a la CRE, y en lugar suyo crear un nuevo organismo cuyos integrantes, obviamente, serán nombrados de conformidad con el procedimiento que, de prosperar dicha iniciativa, vendrá a sustituir al presente.
Muchos aspectos de la iniciativa darán lugar a una amplia discusión y estudio por parte de los especialistas. No se debe perder de vista que, el marco constitucional, es el paraguas desde el cual habrán de expedirse las leyes reglamentarias que rijan los diversos ámbitos de competencia que habrá de concedérsele al nuevo órgano autónomo. La falta de idoneidad de la reforma constitucional podría traducirse en descalabros futuros al régimen jurídico nacional a través de la arquitectura normativa que desarrolle los principios de la Carta Magna.
Un detalle evidente de la iniciativa del Senador salta a la vista y puede ser objeto de preocupación. El órgano constitucional sustituto que se propone, que asumirá las atribuciones conjuntas en materia de telecomunicaciones, competencia económica y regulación energética, se denominará ahora Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar.
Partiendo de la base de que en el nombre del Instituto quedará comprendido su objeto y competencia primaria, y de que ésta será también un ámbito sustancial de la ley reglamentaria que llegue a expedirse para desarrollarlo, lo primero que debe llamarnos la atención será la respuesta que el legislador llegue a dar al cuestionamiento de ¿qué significa bienestar, o competencia para el bienestar?
Lo decimos porque el bienestar, como tal, constituye un concepto absolutamente indefinido, terriblemente aleatorio y subjetivo.
El establecimiento de un régimen para el bienestar implicará, por consiguiente, la concepción de un órgano dotado de amplias facultades para incidir en los mercados y en la regulación de las telecomunicaciones y la energía del país, para favorecer el “bienestar” de todos los mexicanos.
Lo más grave, es que contará con facultades de sanción para multar aquellas prácticas que sean contrarias al “bienestar”, y que no sería descabellado que, entre dichas facultades, ya se encuentre aquella con la que hoy cuenta la COFECE, de ordenar la desincorporación de activos: el empequeñecimiento obligado de una empresa para favorecer la incursión de otras en el mismo mercado.
Si por bienestar debe entenderse el acceso universal a la telefonía celular a tarifas que estén al alcance de toda la gente, entonces no podría resultar descabellado que la fijación de aquellas se defina por resolución general del nuevo Instituto, para la que se tomen en cuenta componentes exógenos del costo que pongan en riesgo a la industria en general, o a la sana competencia entre los oferentes, en un sentido más estricto. ¿En dónde quedó el rigor científico de las investigaciones económicas?
Pero, si por bienestar llegara a entenderse el derecho de la ciudadanía a gozar de vacaciones en la playa, el mismo fenómeno lo enfrentarán las compañías aéreas y la cadenas hoteleras.
La iniciativa es peligrosísima, como quiera que se desee ver.
Será aún más devastadora si llega a vulnerarse el proceso para designar a los comisionados que la integran y supeditar su acceso a la venia del Poder Ejecutivo.
Será fatal, si en ese nuevo proceso se permite la revocación de los nombramientos existentes y se instala un nuevo órgano plenario a modo del actual Presidente de la República.
Ha sido una gran fortuna que el propio Senador haya decidido aplazar su presentación, y muestre una apertura al diálogo y entendimiento de los propósitos planteados, a fin de ver logrado un proceso de reforma constitucional que, auténticamente, abone a un proceso de consolidación de las instituciones del país.
México exige el restablecimiento de los canales que permitieron la discusión democrática de los puntos que colman la agenda política nacional. Puede ser un alivio constatar que haya una voz sensata en Morena dispuesta a entenderlo y quererlo retomar.
