El conocimiento de la realidad constituye una base firme para la construcción de cualquier democracia. Poca eficacia podría haber detrás de un proceso electoral si éste se viera colmado por votos de gente desinformada, o por votantes cuya percepción de la realidad se encontrara probadamente distorsionada. Ya abierto el proceso electoral, el INE goza de competencia y atribuciones suficientes para intervenir de cualquier forma que sea necesaria para evitar, precisamente, el uso faccioso de los medios de comunicación como vía para engañar a la población en torno de aquellos hechos que debe de conocer antes de votar.
El planteamiento anterior no constituye una afirmación gratuita ni aventurada. Desde la década de los años ochenta se gestó una grave crítica contra los medios de comunicación en México, por una aparente manipulación de la información que siempre privilegió los intereses del partido en el gobierno. El noticiero 24 horas, el de máxima audiencia televisiva, se criticó fuertemente por su tinte oficialista, lo que se dijo que afectaba la equidad en la contienda.
Con la llegada del PAN a la presidencia se impulsó una reforma constitucional que fue de gran calado, al imponer en el artículo 6º de la Carta Magna la imperatividad del derecho a la información pública, lo que concedió a los medios acceso directo a la data gubernamental como vía directa para generar un conocimiento objetivo de la realidad nacional a favor del elector, y como camino para construir una narrativa crítica, que fortaleciera el ejercicio democrático del voto en cualquier proceso de alternancia gubernamental.
En el 2013 dicho artículo constitucional se vio fortalecido, ya que introdujo propiamente el derecho humano a la información, y contempló el rompimiento de los monopolios hasta entonces existentes en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Es con motivo de éste que se materializó el proceso de convergencia tecnológica en el campo de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, y el público tuvo acceso a un mayor número de fuentes informativas.
Estamos a seis meses de que tenga verificativo el proceso electoral más importante del último siglo, y la relevancia en torno de la continuidad o interrupción del cambio constituye una llamada de atención sobre el problema de desinformación en que podría estar atrapado el elector, un punto clave que será decisivo en la contienda y que puede ser determinante a la hora de afirmar, en su caso, si México goza o no de una democracia efectiva.
No podemos hablar ya más de la inexistencia de fuentes alternativas de información de las que se beneficie la sociedad, pues plataformas las hay al por mayor. Sin embargo, ¿la población de México se informa sobre su realidad y su gobierno? ¿tenemos electores preparados para entender realmente el desafío que nuestra democracia enfrenta? ¿saben los mexicanos aquello que estará debatiéndose en las urnas el año entrante?
Torpe o acertadamente –desde la perspectiva de los medios–, la agenda política alrededor de la cual se redacta la primera columna se ha fijado cada mañana, a lo largo de todo el sexenio, en el Palacio Nacional. A través de un discurso presidencial en el que predomina una visión subjetiva y parcial de la verdad y en el que se nos han regalado una cantidad innumerable de distractores, los medios han elegido plagar los noticieros con datos que difícilmente sirven para entender la situación de México en su doble connotación: interna y global.
Así las cosas, los mexicanos llegaremos más tecnológicamente cobijados en el ámbito de la información al día de la elección, aunque significativamente más desinformados, por elección propia de nuestra partidocracia, nuestros medios y nuestras mismas redes sociales.
Un cambio se antoja verdaderamente urgente en el terreno de la información nacional, en vías a la elección: la misma racional que provocó el paradigmático cambio constitucional en materia de información, justifica la intervención del INE a efecto de ordenar la suspensión del ejercicio indebido de la comunicación pública, a través de las mañaneras, para desinformar a la población.
El arranque del proceso electoral marca el inicio mismo de la época en la que compete a los propios partidos políticos y sus candidatos hablar de los logros o desaciertos del gobierno, con miras a definir nuestro futuro. La prohibición que contempla el artículo 134 constitucional, para que ningún gobernante use los medios públicos para hacer propaganda institucional, se antoja más vigente que nunca.
Difícilmente podría existir equidad en la contienda, si cada mañana tendremos al Presidente de la República acaparando la atención de los medios de comunicación nacional, para afirmar de manera políticamente ventajosa que la candidata de su partido liderea las encuestas, aún y cuando esa percepción sea falsa o se encuentre equivocada.
Si todas las autoridades tienen el deber de observar y salvaguardar el ejercicio de los derechos humanos del pueblo de México, hoy más que nunca se advierte la urgencia de que alguien vele por el inequívoco Derecho Humano a la Información.
