Desde el inicio del sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado tener un estilo rijoso de gobernar, se ha empecinado en identificar y favorecer con su discurso y acciones a quienes votaron por él, y ha señalado a quienes se oponen como sus adversarios políticos y detractores, contra quienes lanza diariamente vituperios y descalificaciones.
El tema ya ha alcanzado un nuevo escalón y amenaza con convertirse en un acto reprobable no sólo políticamente, sino incluso en el contexto de las obligaciones asumidas por el país en el terreno internacional, alrededor del derecho humano a informar y el ejercicio de la libertad de prensa.
Como ya lo hemos señalado en este mismo espacio, el presidente de la república incurre diariamente en un error conceptual que acarrea severas consecuencias. Al frente del micrófono repite incesantemente que tiene para sí, y ejerce consiguientemente, un derecho de réplica con relación a lo que se dice sobre él y su administración.
Esa percepción de la Constitución es equivocada. En el ejercicio de la función pública ninguna autoridad tiene “derechos”. Éstos, más bien, son concebidos en la ley para beneficio de los gobernados. Las autoridades gozan de atribuciones y ejercen facultades.
En el caso del quehacer público, todo servidor público tiene una obligación de informar y rendir cuentas, y en el cumplimiento de sus atribuciones tiene que someterse al escrutinio público, no sólo con motivo del sufragio efectivo de la ciudadanía, sino también a través del resultado del ejercicio puro de uno de los derechos humanos más importantes que una sociedad civilizada y democrática se concede a sí misma: el derecho a expresar libremente las ideas y el derecho a informar. Es en esa plataforma que se concibe y desarrolla la voluntad del pueblo a la que él mismo alude.
Está por celebrarse este año un proceso de consulta ciudadana sobre revocación de mandato que tiene la intención de lograr una participación democrática directa con respecto de la cual no se tiene precedente; pues bien, es precisamente esa fuerza de la ciudadanía en torno del voto para favorecer o no la revocación, la que se nutre del sentimiento de la Nación, expresado todos los días a través de una multiplicidad de foros de discusión y deliberación ciudadana en la que nuestros gobernantes y sus acciones acaban siendo sujetos de valoración.
Al presidente no le gusta y por la misma razón, desde las conferencias matutinas, ha lanzado ataques abiertos, con mensajes individuales bien definidos, que buscan mermar la credibilidad y la subsistencia de voces influyentes que discrepan con su ejercicio en la función pública.
Fuera de la importancia que debería darse a la necesaria protección de esas voces y de los canales a través de los cuales se explayan, habría que verse cuál es el marco jurídico en el cual esa andanada presidencial encuentra sustento, partiendo de la base de que toda autoridad puede hacer exclusivamente aquello que la ley le permite hacer.
Desde luego que el ataque presidencial contra periodistas no tiene sustento legal, y es una muestra de cualquiera de dos cosas: desesperación con motivo de la carencia de argumentos para desvirtuar las acusaciones políticas y periodísticas hechas en su contra, o, el inicio de una nueva etapa del sexenio en la que el autoritarismo podría convertirse en una nueva faceta del proceso indescifrable de transformación en el que se dice que estamos inmersos.
Cualquiera que sea su razón de ser, la arenga presidencial contra los periodistas entraña una violación sistemática a la Constitución y a las Convenciones Internacionales, tutelares ambas de los derechos humanos de libertad del pensamiento y expresión que hemos mencionado.
No debe verse como un arrebato inconducente al que debiéramos acostumbrarnos, como se pretendió análogamente en los Estados Unidos de América durante la administración del presidente Trump. Incluso en esa, la democracia institucional más consolidada del planeta, el proceso de transición de poder atravesó graves amenazas que pusieron en entredicho la subsistencia de la paz pública.
Las descalificaciones que sufren los periodistas en el ejercicio del derecho humano a informar por parte de una autoridad, el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, constituyen una violación reiterada al artículo 6º constitucional y a las convenciones internacionales de derechos del hombre que puede llegar a tener repercusiones concretas a través del juicio de amparo y de la intervención de instancias internacionales en defensa de la libertad de prensa.
Sería muy oportuno que se tome nota de la circunstancia anterior, para evitar el bochorno internacional del fincamiento de responsabilidades contra el Estado mexicano por inobservancia de compromisos asumidos en el ejercicio pleno de nuestra soberanía.
Es muy loable y correcto que este o cualquier presidente de la república busque hallar vías y espacios para establecer y conservar un proceso de diálogo y entendimiento permanente con el electorado; sin embargo, en el ejercicio de esa función democratizadora, siempre se debe tener en cuenta que, el presidente de la república es gobernante para todos, y como autoridad que es, no puede emitir actos despóticos ni arbitrarios contra ninguno. Muy bien le haría a México gozar de un poco de silencio…de un poco de menos mañaneras.
Síguenos en @EjeOpinion
