1. Todas las mañanas el Presidente de la República determina la agenda noticiosa nacional, y en ese contexto, siembra, de un modo u otro, una idea que provoca encono y separación en el país. El discurso no sólo ha generado una crítica abierta a su persona y a su “movimiento” (lo que quiera que eso signifique proviniendo de un Jefe de Estado), sino también desorden y desafío, un fenómeno que provoca un terrible estado de deterioro del tejido social y, sobre todo, inseguridad.
En efecto, la seguridad pública tiene que ver con el buen gobierno y el entendimiento alrededor de las causas que generan un problema social y los métodos para enfrentarlo; pero cuando un gobierno claudica a la responsabilidad de ejercer la fuerza pública para hacer cumplir la ley, y anuncia que no va a actuar con energía para combatir a los delincuentes, automáticamente invita a quienes viven en la ilegalidad o sacan provecho de ella, a seguir actuando de manera antisocial.
El resultado más desastroso transcurre ante nosotros y ha dejado de causar asombro: la muerte de ciudadanos inocentes de manera absolutamente impune. La muestra más dolorosa ocurrió en Chihuahua el día de ayer.
¿Qué prueba más contundente puede haber para demostrar la incapacidad del gobierno para procurar paz, seguridad y justicia para la ciudadanía, que el asesinato de tres mujeres y nueve niños el día de ayer?
La violencia perpetrada en contra de la familia Lebaron hace palidecer cualquier parte de guerra en cualquier lugar del mundo; sólo que aquí, en teoría, ésta no existe. Esta nota no puede pasar desapercibida, porque un asesinato cometido en contra de una familia, de mujeres y de niños, de la manera en que sucedió ayer, debe producir un luto nacional y, sobre todo, una profunda vergüenza por parte de aquellos que están encargados de velar por el orden y la seguridad nacional.
2. Finalmente los partidos han accedido a disminuir su presupuesto. La noticia y la medida aprobada es popular, porque a lo largo de los años han abusado del beneficio de echar guante al dinero público y la ciudadanía ha venido esperando esa noticia desde hace mucho tiempo. Nadie medita sobre el hecho de que la medida es una respuesta política desesperada, ante la inminencia de la disminución drástica de la recaudación de dinero público en el ejercicio fiscal entrante, por la desaceleración de la economía que vienen provocando tantas medidas gubernativas irracionales.
El problema más grave tiene que ver con el desmantelamiento de las instituciones que garantizan la alternancia y la vida democrática de México. La falta de dinero para la organización de los partidos y los procesos electorales se traduce en una mayor debilidad de la oposición, de frente a un partido que ha dado muestras evidentes de querer perpetuarse en el poder.
La prueba más clara de esto último nos la ha dado, con toda claridad, la Secretaria de Gobernación en la toma de protesta del Gobernador insurrecto. La inminente desarticulación del sistema político electoral es incontrovertible, porque el sistema electoral le estorba a la “transformación” que el “movimiento” viene impulsando. Mal haremos en caer en la trampa del discurso y no analizar con cautela cuál es el efecto que tan demagógica decisión traerá aparejada hacia el 2021.
Todos los partidos de oposición, obligados a acompañar la iniciativa, siguen impávidos y sin poder reaccionar. ¿Tardaremos setenta años en recuperar la representatividad democrática institucional?
3. El punto es que la desarticulación de la institucionalidad política, en este clima de zozobra que produce la sustracción del gobierno a la responsabilidad de velar por el mantenimiento de la paz pública no se da de manera aislada. Existe una clara interrelación de las acciones emprendidas y otras que vienen a salvaguardar el mantenimiento de la institucionalidad republicana; por ejemplo, la prensa libre y la garantía del derecho de acceso a las tecnologías de la información.
Paradójicamente, al Presidente de la República que le gusta aparecer todas las mañanas por televisión, le disgusta enormemente la presencia de una prensa que cumpla su papel crítico y de información; este requiere y demanda una opinión amaestrada, y las pruebas las ha dado él mismo.
Atreverse a llamar “perros” a los periodistas, en su cara, entraña cualquiera de tres cosas: un grado insuperable de soberbia; la presencia de una prensa totalmente sometida y domada; o una falta de capacidad para suponer el alto costo político-periodístico que una afirmación de esa naturaleza tiene aparejado.
En el caso concreto, además de la conjunción de los tres elementos anteriores, anuncia el deseo subyacente del autor del comentario, de acallar muy prontamente a una radio y televisión que, en las condiciones actuales, no le sirve. Cuál será el próximo peón que se mueva en el enredado tablero que organiza esta administración, ¿será el IFETEL?
Otrosí digo
A pesar de que la aprobación de los cambios a la política vigente en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal de pasajeros, en materia de revisión fiscal de las autodeclaraciones por importación de bienes cuyo valor supere la franquicia de 500 dólares, cambió desde 2017, la implementación más evidente viene teniendo lugar, realmente, a lo largo de este año.
Independientemente de las facultades constitucionales con que está dotada la autoridad para efectuar la práctica de las revisiones al cumplimiento del pago de contribuciones al comercio exterior, no se puede soslayar la obligación exigible a los agentes aduanales, de velar por el respeto a la dignidad, a la privacidad y al buen gobierno que, como derechos humanos, constituyen prerrogativas con que están dotados los contribuyentes, nacionales o extranjeros.
La revisión que se practica en las terminales del Aeropuerto es, por decir lo menos, ignominiosa, es primitiva y descriptiva de un gobierno totalmente subdesarrollado. La obligación a la que sujetan al turista al abrir, a la vista de todo el mundo, el equipaje personal, para vaciarlo del continente y hurgarlo de manera grosera y arbitraria, en una pesquisa para averiguar cuánto se puede importar en una maleta dejando a la vista del prójimo hasta la ropa íntima, para cobrar 100 dólares de impuesto, vulnera el honor y la dignidad de las personas en un grado similar al que sufre la víctima al ver quebrantado su domicilio. Es extraño que no hubiera intervenido ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos para emitir una recomendación al respecto. ¿Los Secretarios de Despacho de esta administración someten a esas revisiones a sus esposas o a sus hijas? Me encantaría tener que ofrecer una disculpa por mi cuestionamiento, si alguien me enseña la fotografía de los vistas metiendo la mano a la maleta de cualquiera de ellas.
De todos modos, la medida es totalmente desatinada si se toma en cuenta el costo que ésta entraña, turísticamente hablando. Cobrar ese ingreso mínimo por contribuciones a la importación, frente al disgusto y mal sabor que deja en la boca del turista que visita México, acaba dando un resultado terriblemente caro. Empeora, además, cuando apreciamos que se trata de una experiencia que el turista comparte llegando a su lugar de origen, una invitación compartida para no conocer nuestro país.
Debiendo alentarse el arribo de visitantes que han llevado a nuestro país a convertirse, hasta antes de este sexenio, en el sexto país más visitado del mundo, con una derrama económica superior a los 36 mil millones del dólares el sexenio pasado, apreciamos cómo, con la visión revanchista y retrógrada de esta administración, se intenta recuperar del turista una bolsa ínfima que revierte las manecillas del reloj una cuarentena de años, a la época de José López Portillo.
Un país en el que el gobierno se está dedicando a contar chiles, o bien porque está distraído de funciones vitales que tiene encomendadas, lo que destroza el orden y la seguridad públicas; o bien porque, con el ánimo de mejorar su recaudación, no se percatan del daño que ocasionan a las verdaderas fuentes generadoras de riqueza.
