La semana pasada conocimos un video que circuló a través de las redes, en el que dos diputados o diputadas, en el Pleno, en la Sala de Sesiones del Congreso de la Unión, coreaban a gritos entre sí el éxito que otra vez habían tenido al volver a ganar una votación aplastante contra el PAN. No es trascendente el tema de la votación para los efectos de nuestro artículo de hoy, sino el tono que se usa para hacer política en México; el nivel tan bajo en el que ha caído la deliberación parlamentaria nacional.
El Congreso General es el órgano de representación política de todos los mexicanos; es la arena en la que se denuncian los grandes problemas que enfrenta la población, se construyen caminos para lograr su solución, y se discuten y aprueban las leyes que concretan tales alternativas. De la consolidación de esos derechos y obligaciones contenidos en las normas jurídicas, y de su observancia, ha dependido que podamos vivir en paz y que progresemos como Nación.
Las imágenes de santería en la máxima tribuna del país, o el uso del Congreso y los foros que en él se organizan para exhibir atuendos y preferencias sexuales de los legisladores, o la exposición de ocurrencias e insultos en el uso de la palabra en ejercicio de las prerrogativas que la Constitución le concede a los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, pone en evidencia una falta de preparación política, ciudadana y profesional para ocupar el cargo en el que se encuentran. No lo digo por todos ellos, pero sí por un buen número de los que se dan a conocer por los medios.
Por eso, la iniciativa de reforma constitucional para modificar la estructura del INE, el presupuesto de los partidos y la conformación del Congreso, que propone el Presidente de la República, resulta peligrosa. Porque pudiendo ser llevada por Morena al terreno más oscuro del autoritarismo, encuentra en la realidad de nuestro parlamento un punto de apoyo incuestionable. ¿Quién no quiere acabar con la clase política que hoy nos representa en el Congreso Federal? Los buenos legisladores son contados. Ese parámetro de referencia justifica y da sustento a cualquier idea que proponga el cambio del estatus quo. ¿Qué queremos cambiar y hasta dónde vamos a llegar? Es el riesgo en el que estamos inmersos.
El problema que ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas tiene que ver con la manera en que los partidos políticos han aprovechado el control de la agenda política para acarrear, para sí mismos, todos los recursos de que se nutre su presupuesto. El dinero público destinado a sufragar nuestra democracia-electoral es un botín que ha atraído a delincuentes partidistas, de la misma manera en que un pastel en el jardín se convierte en el suculento manjar de las moscas.
No podemos sino estar de acuerdo en que nuestra democracia es demasiado cara, nuestros representantes políticos poco transparentes en el terreno de la honestidad, y nuestros servidores públicos en el ámbito parlamentario probadamente ineptos –en una gran mayoría de los casos. Es cierto que México demanda a gritos una reforma a su parlamento, que pueda economizar su desenvolvimiento y profesionalizar la función. ¿Es el mejor momento para hacerlo?
Desde luego que no puede haber peor momento para cambiar al árbitro electoral en un país que obsequia prebendas a sus fuerzas armadas, que antes de la contienda electoral. Es lo único que nos falta para consumar la consolidación potencial de una dictadura.
Sin embargo, eso no obsta para que se valore la posibilidad de que se discuta alguna reforma que sí tenga que ver con la profesionalización de nuestros legisladores. No se trata de implantar la exigencia de títulos universitarios que obstaculicen la llegada de los representantes de comunidades alejadas de tales circuitos intelectuales, pero sí la posibilidad de que la representatividad política nacional se cuestione, por cuanto a la idoneidad de que nuestros legisladores sean electos de manera directa.
La iniciativa presidencial propone la eliminación del número de diputados plurinominales. Creemos que sería más justo pensar en la necesaria eliminación de los diputados electos por el principio de mayoría. Porque no existe una relación directa entre la simpatía y la elocuencia necesaria para ganar una campaña, y la capacidad para entender la manera en que se tiene que redactar la ley, de cuya idoneidad jurídica depende la solución de los problemas que el país atraviesa.
Siendo necesaria la representación política en el diario acontecer parlamentario, en el que se debate y establecen posicionamientos en torno de los problemas que todos los días surgen y aquejan a los mexicanos, no puede pasar inadvertido que resulta más importante la manera en que se plantean, discuten y aprueban las reformas a la Constitución y a las leyes.
De manera habitual apreciamos una clara diferencia entre las actividades que realizan diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente, cuando el Congreso no se haya en sesiones; y la que realizan los mismos y otros legisladores cuando el Poder Legislativo se reúne para votar los dictámenes de aprobación de modificaciones a nuestro orden jurídico.
Quiero decir con lo anterior que, el Congreso, puede ser mucho más pequeño y reunirse todo el año para discutir la agenda política nacional; y a esos legisladores electos que se reúnan diariamente para debatir sobre la realidad política nacional y declarar a los medios, debería de pagárseles un sueldo digno y suficiente.
Sin embargo, debe haber otros legisladores, profesionales en el conocimiento de la política, la historia, la sociología y el derecho, a los que debe llamárseles esporádicamente a discutir y a aprobar las leyes. Esa labor podría ser honorífica y no debería impedir que tales profesionales parlamentarios continúen sus actividades económicas y profesionales cotidianas para hacerse del patrimonio necesario para vivir.
Un presupuesto legislativo empequeñecido para mantener a legisladores de Cámara que diariamente expongan el posicionamiento político de sus partidos, para el que no sea necesario erogar el gasto en que incurran quienes, honoríficamente, discutan y aprueben las leyes, porque probadamente honestos y capaces, se podrán dedican a trabajar.De cara a las labores que realizan nuestros diputados de mayoría y la capacidad que ha caracterizado a muchos de los que gozan del cargo por representación proporcional, creo que una buena iniciativa sería precisamente aquella que planteara exactamente lo opuesto a lo que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Necesitamos más legisladores de partido (pluris), elegidos de entre los mejores y más calificados representantes de la comunidad académica, profesional, científica y cultural de México, y menos representantes populares (de mayoría), dedicados a conquistar el sentimiento de las masas. Más profesionales de la ley y menos promotores del voto en el Congreso.
