Entre las promesas compartidas al final del 2016 se nos dijo que, durante los tres primeros años de gobierno, no habría aumento de impuestos, –y aún al inicio de este año el discurso se mantuvo, a pesar de que en los hechos venimos contribuyendo más para el sostenimiento del gasto público.
El problema, no obstante, se presentará a partir del segundo semestre del 2021, cuando inicie propiamente la segunda parte del sexenio y la promesa haya terminado.
La pandemia le cayó a la cuarta transformación como anillo al dedo porque, a partir del año que viene, ésta probablemente empezará a concretarse.
La cuestión es que, a ciencia cierta, no sabemos bien en qué consiste el proyecto. Podría tratarse del restablecimiento del presidencialismo de la segunda mitad del siglo pasado, o del impulso de una agenda populista, totalitarista, que cambiaría totalmente el concepto de país democrático que a lo largo de las últimas décadas se ha venido diseñando. Partiendo de la base de que la materialización del proyecto demandaría una reforma constitucional sin precedentes, ¿Qué requisitos establece la Constitución para ser modificada? En la antesala de un proceso electoral intermedio como el del año entrante, ¿Qué implicación constitucional tiene la victoria electoral de Morena en el ámbito estatal?
Se escuchan y aparecen publicados análisis que giran en torno de la importancia que tendrá el año entrante la renovación del Congreso General, en el que por primera vez podrán ser reelectos los diputados; sin embargo, poco se dice de la renovación de los órganos legislativos estatales. La culminación de una alianza opositora al interior de las entidades federativas se aprecia como un tema estrictamente local y se soslaya su importancia a nivel federal, propiamente, para efectos de lograr la votación mayoritaria necesaria a la que está sujeta una reforma del Pacto Federal.
El artículo 135 constitucional establece que la propia Carta Magna puede ser adicionada o reformada, siempre que concurran las dos terceras partes de los votos de los legisladores integrantes del Congreso de la Unión que se encuentren presentes, además del voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.
El tema inherente a la cuarta transformación está íntimamente ligado a la consolidación de mayorías parlamentarias suficientes que permitan transitar una reforma a la Constitución, lo cual no se agota con el Congreso Federal, sino que trasciende al ámbito estatal. El gobierno, su partido, y los partidos de oposición tienen absoluta conciencia de la trascendencia de esta cláusula de conservación constitucional.
El año entrante se llevarán a cabo comicios para la elección de 500 diputados federales, 15 gobernadores, y 20,853 representantes populares integrantes de los congresos de los estados, ayuntamientos y municipios pertenecientes a cada una de las 32 entidades federativas, entre diputados, presidentes municipales, alcaldes, síndicos, regidores y concejales.
Morena ostenta el gobierno en seis entidades de la Federación, de las cuales sólo Baja California competirá el año entrante. Esto los coloca en la necesidad de ganar por sí mismos, o en alianza con otros partidos, las gubernaturas o mayorías parlamentarias en diez entidades federativas. Por otro lado, hoy, Morena, en unión del PT, PVEM y el PES, y cinco diputados independientes, ostentan 338 de los 500 votos de la Cámara de Diputados, con los cuales tienen el poder suficiente, incluso, para impulsar desde ahí una reforma constitucional. En la Cámara de Senadores tienen 78 representantes, sumando los 61 de Morena más los de sus aliados, que los dejan siete votos por debajo de la mayoría necesaria para impulsar una reforma constitucional.
Morena tendría que repetir la hazaña de conservar el mismo número de curules en la Cámara de Diputados, y construir mayorías con partidos aliados en diez más de las entidades federativas, a sabiendas de que éstas normalmente acompañan al partido al que pertenezca el gobernador electo.
Las elecciones del año entrante marcarán un parteaguas en la historia de México, no por el riesgo solo de que una incierta reforma populista desdibuje un camino democrático que todo el pueblo de México ya ha acariciado, sino por el temor fundado de que se reimponga una hegemonía partidista que fue abandonada hace una treintena de años.
Esa razón explica cómo, ante la popularidad electoral que sigue ocupando el partido en el poder y sus aliados, deviene imperativa la construcción de alianzas y coaliciones de la oposición.
Va a ser precisamente la magnanimidad y asertividad que en la designación de cada uno de sus candidatos muestren el PRI, el PAN, el PRD y MC, lo que nos demuestre qué tanta vocación y espíritu patriótico tiene la clase política de México.
Su división podría conducirnos a un modelo unipersonal de gobierno que tanto daño le causó al país.
Los desencuentros que el PRI y el PAN han mostrado en la conformación de coaliciones para la designación de gobernadores aliancistas, ponen en evidencia, más que su falta de sensibilidad ante la afrenta electoral, la posible existencia de deudas pendientes o desvíos, que opacan la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
El país debe de estar muy atento al proceso electoral del año entrante, no por el temor a transformar el país, sino por el inequívoco fracaso que sería la concreción de un cambio en el que la razón y la voluntad legítima de la mayoría de los integrantes del pueblo de México, no se halle ciertamente representada en la voz de aquellos legisladores que lleguen a tener la intervención que la Constitución ordena, como condición infranqueable para ser adicionada o modificada.
