El 17 de agosto de 2019 la vida de la familia González Gómez cambió para siempre. La tragedia llegó para la joven pareja que en medio de un mar de frustración e impotencia, se vieron solos en busca de que su hija de dos años, Alcira Giselle, recibiera la atención médica urgente y necesaria luego de que cayera del primer piso a la planta baja de la plaza comercial Antara Fashion Hall, en la zona de Polanco
Aquel trágico sábado todo estuvo en contra de ellos. Su hija cayó de una estructura insegura que no cumplía con el Reglamento de Construcciones capitalino, determinó un dictamen pericial; ninguna brigada de primeros auxilios por parte de la plaza acudió en su apoyo, al contrario, al buscar liberarla del punto donde quedó atrapada tras caer, el personal de seguridad buscó detener a los familiares de la pequeña, acusándolos de causar daños en propiedad privada por intentar romper los cristales para poder rescatarla.
Y minutos vitales para intentar salvarle la vida se perdieron luego de que las autoridades del Hospital Español, donde fue trasladada de emergencia por la cercanía a la plaza, exigieron el pago de 100 mil pesos para admitir el ingreso de la menor.
Un año ha pasado de aquel día en que Oscar González y María del Rocío Gómez recibieron la peor noticia que un padre y una madre pueden recibir: su pequeña Alcira había fallecido. El acta de defunción certificó que la niña, nacida el 17 de febrero de 2017, murió a causa de un infarto agudo al miocardio, y un edema cerebral a causa de la caída.
El lamentable hecho, sostiene la defensa legal de la familia, se pudo evitar si las instalaciones del lujoso centro comercial hubieran cumplido con las medidas de seguridad estipuladas en la reglamentación vigente. A esto se suma el personal de la plaza que actuó de manera negligente y omisa, además del hospital que condicionó el servicio de emergencia a cambio de una fuerte suma de dinero. Encima de ello, la plaza ha modificado en al menos dos ocasiones la irregular infraestructura por la cual terminó resbalando la menor, según lo documentado por los abogados que llevan el caso.
Es fundamental distinguir que lo que persigue la familia es que se otorguen las medidas cautelares para la no repetición de lo sucedido. La familia quiere que no vuelva a repetirse para nadie más el infierno por el cual ellos han pasado”, sostuvo Yisroel Cimet Pasol, abogado de la familia González Gómez.
En entrevista con ejecentral, quien encabeza la asistencia legal subrayó que cuentan con las pruebas contundentes para demostrar que existe la responsabilidad en materia civil y penal por parte de los responsables de la plaza, quienes tienen un seguro de responsabilidad civil, como en el caso de las autoridades del Hospital Español. “Todos han tenido básicamente la misma conducta: totalmente inmoral, incorrecta”, acusó el jurista.
El pasado 17 de agosto, los padres de la pequeña Alcira, acompañados por familiares, observadores de derechos humanos, ciudadanos y el equipo de abogados, acudieron a la plaza comercial ubicada sobre la avenida Ejército Nacional, en la colonia Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo, para rendir un homenaje a la menor en su primer año luctuoso.
Nos pretendieron sacar, inicialmente con un poco de fuerza, pero obviamente se dieron cuenta que no nos íbamos a ir, y que estábamos haciendo un acto pacífico en homenaje, responsable, y respetuoso de las condiciones sanitarias que existen hoy en día”, sostuvo Cimet Pasol.
El representante de la familia reiteró que se tiene “perfectamente documentado”, a través de fotos, videos y el testimonio de decenas de personas, los informes de los paramédicos que brindaron su servicio, así como de dictámenes periciales, la presunta negligencia en la que incurrieron los encargados de la plaza comercial, así como del hospital.
Toda vez que se trató de un hecho que ocurrió en un lugar público, es decir, una plaza comercial a las tres de la tarde de un sábado. “Lo pudo ver mucha gente, legalmente hablando el asunto está muy robusto, verdaderamente hay muchas pruebas, pero no ha habido respuesta alguna por parte de las partes involucradas”, insistió el abogado.
Aceptar la responsabilidad
Con base en información que forma parte de la carpeta de investigación al respecto del trágico hecho, ocurrido hace un año en la plaza Antara de Polanco, en la integración de las pruebas, la defensa legal de la familia González Gómez busca que se reconozca la presunta responsabilidad y la omisión por el incumplimiento en el que habría recaído el centro comercial, en relación con dos aspectos fundamentales que habrían impactado directamente en evitar la caída de la menor.
Uno de ellos tiene que ver con el probable incumplimiento en lo determinado por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en el cual se refiere en su artículo 118, que todas las construcciones que tengan espejos de piso, vanos, ventanas o cristales deben tener un barandal de 90 centímetros que impida el paso de menores de edad.
En ese sentido, la denuncia hecha por la familia de la niña indica que su caída se debió a un “error de construcción y diseño” por parte de Antara Fashion Hall, al haber dejado un vacío en la estructura que divide la planta baja del primer piso. A partir de lo cual se habrían generado diversas conductas negligentes por parte de su personal.
Según los antecedentes, que a través de sus abogados reclamó el señor Oscar González, el personal de la plaza no actuó conforme a un protocolo normativo en materia de Protección Civil, en cuanto a que, según la denuncia, fueron omisos respecto a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México que establece que el Comité Interno de Protección de cada establecimiento o inmueble deberá implementar las brigadas básicas en:
Primeros auxilios; prevención y combate de incendios; comunicación; y evacuación y repliegue. Lo cual quedó de manifiesto incumplido, pues tras la caída de la menor, en ningún momento se presentó la brigada de primeros auxilios en apoyo de la niña; y tampoco acudió el personal del local de servicio médico, con el cual presuntamente cuenta el establecimiento comercial. Por lo que en ambos casos recayeron en una probable negligencia u omisión por atender a la menor accidentada.
›Al contrario, documentos a los que tuvo acceso este periódico dan cuenta de que el padre de la víctima señaló al personal de seguridad de la plaza de haber intentado impedir que se dañaran los cristales de la planta baja, donde quedó atrapada su hija tras su desplome, pues señalaron que se estaba dañando propiedad privada. En consecuencia, sostienen los abogados, la menor no contó con la primera atención que de manera oportuna revisara sus lesiones, y se le brindaran los primeros auxilios.
Han modificado el lugar. Es un hecho. Tenemos las pruebas de que el lugar de los hechos ha tenido dos modificaciones desde el momento original de cuando ocurrió el lamentable hecho. Hace un año cuando sucedió, aparecen las trabes, un espacio importante es donde se generó el incumplimiento al Reglamento de Construcciones, ya que era un lugar peligroso y podría generarse un accidente”, subrayó el abogado Yisroel Cimet.
Y enfatizó, “posterior al accidente, la plaza colocó una malla metálica temporal, lo cual estuvo unos días en lo que se fabricaba la protección que pusieron entre los huecos, alterando el lugar de los hechos. Esto acredita que existió una omisión y que ellos mismos pretendieron ocultar estas modificaciones, seguramente tratando de que no nos diéramos cuenta de ver el cambio, porque ellos han estado negando este tema, tratando de ocultarlo lo más posible”.
De acuerdo con la conclusión del dictamen pericial, integrado en la carpeta de investigación con terminación 0029/06-2020, abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), al momento de ocurridos los hechos que se investigan, es decir al respecto de la caída de la menor, el perito en mecánica y seguridad industrial certificó que:
…La estructura que delimita los espacios de desniveles no contaba con las características de seguridad prevista en la normatividad aplicable, lo que constituye una condición insegura para los niños. Lo anterior en contravención a los preceptos normativos 118 y 119 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal”.
Aunado a ello, la defensa sostiene que la no aplicación de los protocolos de actuación ante una emergencia de esta naturaleza, como la que padeció la familia de la pequeña, radicó en que los responsables de la plaza fueron remisos en avisar a las autoridades correspondientes sobre el hecho, por ejemplo, a la alcaldía Miguel Hidalgo, y a la Dirección General de Protección Civil, señaló el abogado.
Los elementos probatorios recopilados por la defensa de la familia González Gómez, indica que fueron los propios visitantes de la plaza, quienes atestiguaron el lamentable hecho, quienes al identificarse como paramédicos de profesión intentaron brindar los primeros auxilios a la niña en el lugar del incidente, e incluso fueron los propios visitantes-testigos de donde se tomó la iniciativa de solicitar la ambulancia para atender y llevar a la pequeña al nosocomio más cercano. Porque de parte del centro comercial no hubo respuesta.
La pérdida de tiempo se agudizo luego de que una vez que pudo ser liberada la menor, la primera ambulancia en llegar al lugar no fue de utilidad, pues señalaron que no contaban con el equipo necesario para atender las lesiones que presentaba la pequeña, por lo que tuvieron que esperar el retraso de una segunda unidad médica de la Cruz Roja, cuyos paramédicos terminaron por llevarla al hospital más cercano.
En suma, con el tiempo perdido en los intentos por rescatarla, y la inacción por parte del personal y la brigada de primeros auxilios del centro comercial, su arribo al Hospital Español, ubicado a sólo 850 metros de la plaza, se tornó sumamente crítico para atender las lesiones de la infanta.
Derecho de admisión
Un segundo aspecto en las devastadoras horas de angustia que padecieron los padres de la pequeña, quien el pasado 17 de febrero hubiera cumplido tres años, tuvo que ver con la respuesta inhumana y contraria a la Ley General de Salud, y la Ley de Salud de la ciudad de México, asevera el abogado del despacho Cimet & Almazán Abogados, recayó en la respuesta que los padres de Alcira obtuvieron del Hospital Español, localizado a sólo dos minutos en vehículo de donde ocurrió el siniestro.
Aunque en su misión, como indica en su página de internet, el nosocomio privado se ostenta como “una organización prestadora de servicios de salud, que ofrece a sus pacientes un servicio de calidad y seguridad a través de equipo médico de alta tecnología y sobre todo calidez humana”, la denuncia por parte de los deudos de la menor advierte todo lo contrario a dichos postulados.
Luego de que paramédicos de la Cruz Roja llegan y atienden a la niña, se decide trasladarla al Hospital Español, ante su evidente cercanía. En la ambulancia, detallan los documentos consultados por este periódico, viaja Oscar González y su hija, quien desde el momento de su caída permanecía inconsciente.
Al llegar, se indica en la denuncia, personal de hospital le pide al señor González llenar una serie de formularios, a lo cual él atiende ante la premura de que su hija fuera atendida. No obstante, tras haber firmado diversos documentos presuntamente de su admisión, las autoridades del nosocomio le hacen saber que, para admitir y brindar la atención a su hija, se requiere de un pago de 100 mil pesos.
De acuerdo con el relato de los denunciantes, aunque el padre de la menor insistió en que no contaba con esa suma de dinero pues obviamente se trató de un accidente, y resultaba urgente que su hija fuera atendida, los responsables del hospital no cedieron en su postura. Debido a lo cual, Oscar González Franco, abuelo paterno de la niña, acredita el pago por 40 mil pesos, a través del pago con tarjeta de crédito, para que pudieran atender lo antes posible a su nieta, cuyo comprobante del depósito fue revisado por este diario.
Pero, “el hospital les dice no. Le estamos diciendo que se requieren 100 mil pesos, y esos 40 mil no sirven para empezar”, señaló el abogado, quien refirió que, tras una discusión de los familiares, quienes desesperadamente intentaban que la pequeña fuera atendida, las autoridades del hospital exigieron presuntamente la firma de un pagaré en blanco, en aras de garantizar que se les pagaran sus servicios.
Ante lo cual, finalmente accedió a firmar el abuelo. Y el cual, según el abogado, dicho documento sigue en poder del hospital, sin que a la fecha se haya entregado una copia de este como legalmente ya se ha requerido por parte de la familia.
Obviamente en este estado de necesidad y de frustración el abuelo firma, y es hasta ese momento cuando empiezan a atender a su nieta. Pasados lo minutos, el personal (del hospital) les da la noticia de que la Alcira había fallecido❞, subrayó Yisroel Cimet.
Para el abogado no hay dudas. Sobre los hechos en los que estos jóvenes padres perdieron a su pequeña hija, “hay un tema muy claro de que se generó una responsabilidad, e incluso un delito, toda vez que la propia Ley General de Salud, y la Ley de Salud de la ciudad de México establecen de forma clara que cuando una persona llega a un hospital público o privado, y está en un estado de emergencia tiene que ser atendida. No se le puede negar la atención médica por obvias razones, ¿cuáles son? el hecho que corre peligro su vida, y fue exactamente ese el motivo por el cual, pues en este caso, se perdió una vida”, aseveró.
Las indagatorias siguen su curso, y aunque los abogados del caso sostienen que cuentan con los acuses de recibido, tanto de la Cruz Roja, a quienes solicitaron el reporte de la ambulancia que ese 17 de agosto atendió a la menor; de la solicitud para tener una copia del pagaré que los responsables del Hospital Español habrían obligado a firmar al abuelo de la niña, para que la atendieran; así como copia digital de las fotos, videos e información existente con la que cuente la plaza del trágico hecho, ninguna de las partes involucradas ha cumplido con la entrega de dicha documentación.
No hemos tenido ningún tipo de respuesta. Son puras largas, puras negativas, ha sido bastante desafortunado el tema, es por ello que estamos acudiendo a las autoridades ministeriales y judiciales del país para que se haga justicia con perspectiva de género”, advirtió el abogado.
En búsqueda de justicia, el defensor puntualizó que, ante la suma de estas omisiones, la estrategia a su cargo está enfocada en seis acciones legales principalmente: iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio al responsable de la construcción y administración de la plaza comercial, por haber estado mal construida y resultar insegura para todos sus visitantes, según lo estipulado en el Artículo 253 del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México.
Un llamado para que las autoridades inspeccione la construcción y operación de las plazas comerciales del consorcio que desarrolla y administra estas plazas, a fin de evitar que se repitan más decesos; el iniciar una demanda civil para reclamar la reparación integral del daño; así como acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para interponer una queja, en solicitud del cierre de la plaza Antara, y el otorgamiento de las medidas cautelares, para evitar la repetición de lo sucedido.
De igual manera, anunció, el que se solicitará una proposición con punto de acuerdo ante el Congreso local, enfocado a buscar la revisión en la normatividad de las plazas comerciales de la ciudad, “ante los posibles indicios de corrupción” en el otorgamiento de los permisos para visto bueno de seguridad y ocupación; y la convocatoria para que la sociedad civil alce la voz, respecto “a los abusos existentes hoy en día en los hospitales públicos y privados del país”.
Hoy culpamos a la plaza por esta pérdida, pero les pido que hagan conciencia porque yo perdí a una nieta (…) Y tenemos todas las pruebas en un área pública donde los niños vienen a jugar y a divertirse, estaba inseguro y por ello mi nieta perdió la vida”, lamentó Edith Pérez, durante el homenaje que en el primer año luctuoso se le rindió a su nieta.
