Alcalde hace pública petición a Norma Piña sobre caso Ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO, 06MARZO2020.- Carolina Ortiz Porras, procuradora general de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; Mónica Maccise, presidenta del CONAPRED; Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, y Nadine Flora Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, durante la presentación del Modelo de Protocolos para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM
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Luisa María Alcalde compartió en redes sociales la carta en la que se advierte a la ministra Norma Piña sobre el riesgo de liberar a los militares involucrados en el caso Ayotzinapa
Hace unos días se dio a conocer que los ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa continuarían el proceso en su contra en libertad condicional, situación que fue lamentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y el presidente López Obrador, quien ordenó se hiciera pública la carta que se envió a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para advertirle sobre el “alto riesgo” de esta decisión.
Fue la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien compartió la carta que le envió a la presidenta de la Corte; esto a través de su cuenta de X (antes Twitter).
“Al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia”, se lee en el documento que fue enviado al pasado 12 de diciembre a la SCJN. En este sentido, se acotó que los ocho militares referidos podrían volverse “ilocalizables” o huir del país al recibir el cambio de medida cautelar.
Además, se aseveró que el caso Ayotzinapa es “un asunto de mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos”.
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En la carta, Alcalde dice que se le informa a la ministra Norma Piña la decisión sobre el caso Ayotzinapa. Se acota que se espera que el “Poder Judicial de la federación velará por el Estado de Derecho” y se hará lo correspondiente para “no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”. No obstante, no se revisó ni modificó la decisión tomada el pasado 30 de noviembre.
Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz son los ocho integrantes del Ejército que son acusados por la FGR del delito de desaparición forzada.
En un inicio recibieron prisión preventiva oficiosa; sin embargo, la decisión del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el estado de México, con sede en Toluca, fue ratificada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México; con ello se modificó la medida cautelar a libertad condicional.
Esto desató las críticas del gobierno federal. El presidente López Obrador acusó “interés político del Poder Judicial”; y lamentó que desde un inicio se “proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes”. GA
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