Amnistía Internacional denunció este martes que Nicaragua está empleando “nuevos patrones” de violaciones de los derechos humanos, al cumplirse cinco años del inicio de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que fueron violentamente aplastadas.
La organización humanitaria expresó que el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, recurre al uso excesivo de la fuerza, leyes penales, ataques contra la sociedad civil y al exilio forzado con el fin de silenciar a sus críticos.
El informe Un grito por la justicia: cinco años de opresión y resistencia en Nicaragua sostiene que “el uso excesivo de la fuerza ha sido ejercido por las fuerzas policiales, en muchas ocasiones en coordinación con grupos parapoliciales”, con “miles de detenciones arbitrarias” desde 2018.
“La implementación de estos métodos ha provocado un amplio abanico de violaciones a derechos humanos, entre ellas la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, y la privación arbitraria de la nacionalidad”, añadió Amnistía.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente. Las protestas fueron violentamente reprimidas con un saldo de más de 350 muertos.
Los arrestos continuaron en los años siguientes. El 9 de febrero, Managua liberó a 222 presos políticos, a quienes expulsó del país y confiscó sus bienes.
Días después fueron privados de la nacionalidad otros 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Ortega en la década de 1980.
Amnistía dijo que el gobierno de Ortega ha cooptado al sistema judicial, el que “ha desarrollado juicios injustos en contra de personas por el mero hecho de ser consideradas críticas al gobierno”.
ES DE INTERÉS |
Publican en Nicaragua primeras fotos de obispo preso
Expertos de la ONU acusan a Nicaragua de crímenes de lesa humanidad
