México atraviesa una profunda crisis de derechos humanos que se agudizó durante el año pasado debido a los altos niveles de violencia e inseguridad, así como a las declaraciones públicas que el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como otros funcionarios de su gobierno, han hecho en contra de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, activistas y académicos, según el último informe de Amnistía Internacional (AI).
El reporte para México señaló que “a pesar de las recomendaciones internacionales, el gabinete presidencial siguió desplegando en las calles, como parte de su estrategia de seguridad pública, el mayor número de efectivos militares desde que en 2006 iniciara la guerra contra el narcotráfico”, lo que ha favorecido la violación de derechos humanos en las zonas más militarizadas del país.
Los datos recopilados por este informe muestran que la Guardia Nacional fue la fuerza de seguridad con mayor número de denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante 2021, por lo que su integración total a las Fuerzas Armadas es un retroceso importante en esta materia.
Además el documento señala que los abusos de autoridad también han aumentado en otras instituciones de seguridad pública como policías municipales, estatales y federales, a los que se señala por cometer actos de tortura para obtener declaraciones inculpatorias o fabricación de delitos, así como detenciones arbitrarias.
El informe también destaca la crisis de personas desaparecidas en el país, que sumó 7 mil 698 nuevos registros de este tipo durante el año pasado para superar las 97 mil víctimas totales de este delito en las últimas seis décadas.
Otro de los puntos relevantes dentro de este informe fue la violencia hacia mujeres y niñas en el país, especialmente en materia de feminicidios en el Estado de México, en donde “las investigaciones penales sobre estos delitos presentaron deficiencias graves”, por lo que “los familiares tenían que dedicar tiempo y dinero a investigar, algo que aumentaba la probabilidad de que los crímenes quedaran impunes”.
Activistas ambientales, bajo fuego
Las declaraciones del gobierno federal también alcanzaron a los activistas y defensores del territorio, a quienes se les ha cuestionado por su oposición a los megaproyectos de López Obrador; el informe de AI destaca que “este grupo seguía sufriendo elevados niveles de violencia, y la mayoría de los ataques contra ellos quedaban impunes”.
De acuerdo con el último informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el número total de agresiones de cualquier tipo registradas en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales durante 2021 tuvo un aumento de 165% frente a las cifras reportadas un año antes.
En total, se registraron 238 agresiones de todo tipo en 108 eventos reportados durante 2021, los cuales pueden tener más de una forma de violencia; en comparación, un año antes se registraron 65 sucesos de este tipo con menos ataques totales.
Por otra parte, el homicidio contra personas defensoras del medio ambiente también creció el año pasado con 25 registros, siete más que en 2020. Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos fueron los estados donde se registraron el mayor número de asesinatos de este tipo.
Estas cifras hacen que el 2021 sea el año más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el año 2014, cuando el Cemda elaboró su primer informe. Le siguen de cerca el 2015, cuando hubo 107 eventos de agresión y 11 asesinatos, y el 2017, con 53 eventos, pero 29 de ellos fueron letales.
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