Los cambios propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica recibieron un cuestionamiento más. Ahora fue la Alianza Federalista, que aglomera a diez gobernadores, la que criticó la iniciativa al asegurar que tendrá varios efectos negativos para el país.
La organización de mandatarios indicó que de aprobarse la reforma del mandatario tabasqueño se presentará un “incremento inflacionario” que se verá reflejado en el alza de los costos de los “productos y servicios” en perjuicio de la población. Además, disminuirá la competitividad en el mercado y habrá pérdida de empleos.
En este sentido, se advirtió que al eliminar las subastas de energía, se orillará a la población a dejar de adquirir servicios a mejor precio. Esta situación, facilitará la aparición de la corrupción, discrecionalidad y opacidad en la asignación de contratos, sostuvo la Alianza Federalista.
Por otro lado, se hizo alusión al impacto ambiental de la propuesta. Se externó que al cerrarle la puerta a las energías limpias se va en contra de los esfuerzos en contra del cambio climático, lo que traerá consigo incumplimiento de los compromisos internacionales que el país ha asumido en la materia.
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En cuanto a la inversión, la asociación de gobernadores acusó un cerrojo a la llegada de capitales en los estados, y con ello, también a la generación de empleos y al aprovechamiento de los recursos naturales.
La Alianza Federalista urgió a incluir a “todos los actores” del sector energético nacional para abordar el tema a través de un “análisis educado y legal” sobre el tema. Puntualizó que cambiar los Certificados de Energía Limpia (CEL), condicionar los permisos de generación y comercialización, así como modificar el orden del despacho de la energía no contribuye a mejorar el suministro ni a bajar los costos para los mexicanos.
De esta forma, se exhortó a los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado a rechazar la propuesta del mandatario tabasqueño.
Cabe señalar que hoy la Cámara de Diputados turnó a comisiones el dictamen de la iniciativa de López Obrador, quien la envió con carácter de preferente, por lo que en San Lázaro tienen 30 días para enviarla al Senado. GA
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