Con la iniciativa de reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, el gobierno contravendrá las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instruyen la no militarización de la seguridad pública y establecer mecanismos de control a las Fuerzas Armadas, alertó el senador Emilio Álvarez Icaza.
Al extender el plazo a los militares y marinos en tareas de seguridad pública hasta 2028, el gobierno desatiende sus responsabilidades internacionales, que la CIDH ha instruido en cuatro controversias, cuatro acciones de inconstitucionalidad y dos amparos, detalló el legislador.
“Estas sentencias lo que reiteradamente dicen es no militarizar la seguridad pública, controlar el ejército, sancionar las violaciones a los derechos humanos y generar, sobre todo en el caso de Alvarado y otros, un mecanismo de control de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”, precisó.
“En México no se castiga (a los soldados), las víctimas tienen que ir a instancias internacionales porque acá hay un pacto de impunidad”, denunció.
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El integrante del Grupo Plural (GP) del Senado de la República comentó que la sentencia del caso de Alvarado y otros, relacionado con la desaparición de tres personas a manos del ejército en Chihuahua en 2019, fue dictada en 2018, cuando nació la Guardia Nacional.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido omisa. Desde abril de 2020, López Obrador hizo un acuerdo para interpretar esos criterios, ya vamos para dos años y medio y la Suprema Corte no ha dicho nada”, acusó.
“Es una omisión y una complicidad. Con eso de que el presidente de la Corte le hace al paje al Presidente de la República, no se ha podido prosperar”, señaló.
De 2006 a 2022, son 250 las funciones civiles que se han transferido a los militares, la mitad durante el sexenio de López Obrador, con lo que, según Álvarez Icaza, la militarización se ha “acelerado y profundizado”.
“Es un nuevo pacto en donde el Presidente les ofrece poder, impunidad, espacio público y el presupuesto garantiza cumplir lo que el Presidente quiera, aunque sea inconstitucional. Espero que luego no vayan a caer en la tentación de querer utilizar políticamente al Ejército”, advirtió.
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