Admiten amparo contra presencia de la Guardia Nacional en el Metro

Exactamente a tres semanas de que Claudia Sheinbaum anunció el despliegue de la Guardia Nacional para hacer frente a “eventos atípicos” en el Metro de la Ciudad de México, un juez admitió a trámite un amparo promovido por una asociación civil para exigir el retiro de los elementos de las instalaciones.

Este amparo fue promovido por México Unido contra la Delincuencia en representación de una persona usuaria para exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum proteger los derechos de los usuarios de este sistema de transporte, pero sin apelar a la militarización.

De acuerdo con esta asociación, el procedimiento fue presentado durante la última semana de enero, con el objetivo de que se reconozcan las violaciones a los derechos humanos en los que se incurre con el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en el Metro.

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Y es que, indicó México Unido contra la Delincuencia, el despliegue se realizó sin que las autoridades capitalinas advirtieran cuáles serían específicamente sus actividades sus objetivos, el presupuesto asignado para ello, los alcances de su participación, sus parámetros de coordinación, así como sus implicaciones legales o administrativas.

Con ello, el gobierno capitalino viola el derecho a la seguridad jurídica de las personas usuarias del Metro, pues la Guardia Nacional no cuenta con facultades jurídicas para intervenir en las estaciones.

Las corporaciones facultadas para ello son la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, ambas adscriptas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Foto: Cuartoscuro

Se señala también que la Guardia Nacional es una corporación principalmente conformada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, por lo que también se vulnera el derecho a la seguridad de las personas usuarias al tratarse de agentes que no cumplen con los requisitos para tareas de seguridad pública.

México Unido contra la Delincuencia indicó que también se vulnera el derecho a la movilidad urbana, pues la presencia de la Guardia Nacional ejerce intimidación sobre las personas usuarias que podría, incluso, llevarlas a reducir o suspender el uso de este sistema de transporte.

También se argumentó que afecta el derecho a un bien gobierno, pues se señala que el dinero que debería servir para la reparación, modernización u mantenimiento del Metro en realidad se está usando para costear la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones. CJG

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