Uno de los apartados del plan B electoral que más han sido cuestionados es la reforma a la Ley General de Comunicación Social. Tal modificación ha sido criticada, señalada como una forma de arremeter contra entes públicos y gobiernos municipales y estatales. Muestra de ello es el recurso promovido por la Asociación de Municipios de México (AMMAC), el cual fue admitido a trámite.
El organismo busca la suspensión definitiva de dicha reforma, por lo que presentó la solicitud ante el juzgado segundo de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México el pasado jueves 9 de febrero.
Hoy, el juez Germán Cruz admitió a trámite el recurso y fijó como fecha el próximo 20 de febrero para resolver si concede o no la suspensión solicitada por la AMMAC.
El organismo aseguró que se trata de una forma de limitar a los entes públicos y los gobiernos municipales y estatales, mientras que el Ejecutivo se erige como el único con la posibilidad de informar lo que considere pertinente.
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Hay que recordar que dicha reforma a la Ley General de Comunicación Social establece que los entes públicos solo podrán disponer del 0.1% de su presupuesto para destinarlo a publicidad.
Tal situación propició que un grupo de 75 gobiernos municipales a cargo del PAN (24 de Guanajuato) recurriera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional.
“Están afectando de manera directa el derecho de saber del ciudadano”, aseveró Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), quien remarcó que esta modificación violenta el artículo 115 constitucional, el cual contempla la libertad hacendaria de los entes públicos y gobiernos locales.
Fue ayer que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dicha reforma, lo que generó el rechazo de los partidos de la oposición, quienes acusaron un acto más de autoritarismo por parte del presidente López Obrador y su gobierno.
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