La controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Baja California para impugnar la Ley Bonilla, fue admitida a trámite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un plazo de 30 días, otorgado por el ministro José Fernando Franco Salas, el Poder Legislativo de la entidad deberá enviar a la corte una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.
Además de las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo.
Los diarios de debates, los documentales en que se dio vista con la reforma constitucional a los municipios de la entidad, y de no cumplir con toda esta entrega la Corte podría aplicar una multa.
Pero el ministro negó la suspensión que solicitó el Partido Acción Nacional (PAN), para frenar la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California.
La norma impugnada, según el integrante de la SCJN, es de tracto sucesivo, es decir, en el transcurso del tiempo sigue produciendo efectos.
Aunque Jaime Bonilla asuma funciones el próximo viernes 1 de noviembre, el control constitucional no quedará sin materia, por lo que la vigencia de la norma impugnada no impide a la Corte realizar un estudio oportuno de su validez.
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