Acusan al Ejército de pausar investigación por desaparición de los 43
CIUDAD DE MÉXICO, 29SEPTIEMBRE2022.- Carlos Marín Beristaín, Claudia Paz y Paz, Ángela María Buitrago y Francisco Cox Vial, todos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), expusieron las nuevas investigaciones y resoluciones del tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, una vez que la Comisión para la Verdad por el Caso Ayotzinapa (encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos) rindiera detalles de su respectiva investigación. Las y los expertos declararon que hay evidencia contundente respecto a la relaciones entre autoridades y el crimen organizado. De igual manera, establecieron que no existe una relación con la Fiscalía General de la República (FGR) pues el fiscal Alejandro Gertz Manero no se ha dado a la tarea de recibirles. Exigieron que las autoridades no quiten el dedo del renglón pues a pesar de establecer que los jóvenes fueron asesinado, aún continúan desaparecidos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
/Galo Cañas Rodríguez
En la marcha, los familiares de los normalistas denunciaron la supuesta complicidad entre el Gobierno y las FF. AA. para pausar las indagaciones
Familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, marcharon en la ciudad de México en protesta por la falta de avances en la investigación del caso.
La manifestación fue convocada ocho años después de la desaparición de los jóvenes en Iguala, estado de Guerrero, y reunió a padres, madres, familiares y organizaciones solidarias con la causa.
Los manifestantes recorrieron las calles de la ciudad desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Benito Juárez, en el centro de la ciudad, gritando consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
La protesta también denunció la supuesta complicidad entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas para pausar las indagaciones.
Mario César González, padre de César Manuel González, uno de los 43 jóvenes, aseguró que las investigaciones están trabadas; y que las líneas de indagación se dirigen hacia el Ejército, quien no ha facilitado la información solicitada.
González consideró que la opacidad de los militares está avalada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien les ha otorgado un poder creciente.
Crimen de Estado
El abogado de los padres de los desaparecidos, Vidulfo Rosales, coincidió con el diagnóstico de que la llave para muchas de las evidencias que demandan las víctimas se encuentran en los cuarteles.
“Tendrían que facilitar la información que tienen, el acervo probatorio que acumularon el día de los hechos. Pero niegan su participación y se niegan a dar la información, en ese punto estamos estancados”, señaló.
El letrado tampoco tiene esperanzas de que el Gobierno presione a los militares para que colaboren.
Rosales consideró contradictorio que las investigaciones se paralizaran después de que un informe de la Comisión para la Verdad y Acceso de la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) concluyera que la desaparición de los jóvenes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles.
Nada avanza
En este contexto, agregó la responsabilidad del nuevo fiscal a cargo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez, quien dijo que fue elegido para que nada avanzase.
“El Estado ya dio el paso de reconocer que fue un crimen de Estado; pero no da lo necesario para dar con el paradero de los muchachos, que es lo más importante”, consideró.
Ocho años después de la desaparición de los 43 estudiantes los manifestantes denunciaron la complicidad entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas para pausar las indagaciones.
Como se mencionó, los familiares de las víctimas reclamaron la necesidad de que los militares faciliten la información que tienen.
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