La administración de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, ha sido señalada por ejercer violencia institucional contra mujeres embarazadas, negándoles el acceso a servicios de salud y vulnerando sus derechos humanos primordiales.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima emitió ocho recomendaciones a la administración de la gobernadora morenista, de las cuales cuatro no han sido aceptadas por la administración estatal.
Las recomendaciones no aceptadas incluyen dos casos de violencia institucional contra mujeres embarazadas; las cuales cuentan con suficientes pruebas para demostrar la vulneración de sus derechos.
Uno de los casos fue el despido de dos mujeres embarazadas con 30 semanas de embarazo, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera un acto de discriminación.
Las mujeres fueron separadas de su actividad laboral durante su embarazo, lo que constituye un tipo de violencia contra las mujeres.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima ha señalado la falta de sensibilización, capacitación y profesionalización del personal de Gobierno del Estado de Colima y la SUBSEMOV.
La última recomendación emitida por la Comisión fue dirigida al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima por vulnerar, discriminar y negar la seguridad social de una ciudadana que fue despedida sin considerarse que era trabajadora de base sindicalizada y en su momento contaba con 30 semanas de embarazo. DJ
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