Steve Bannon, que fuera un cercano asesor del expresidente estadounidense Donald Trump, fue imputado el viernes por negarse a declarar ante el comité del Congreso que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio, anunció el Departamento de Justicia.
El exasesor, de 67 años, fue demandado por negarse a testificar y remitir documentos a la comisión especial de la Cámara de Representantes. La cual investiga el papel del expresidente republicano en el ataque de sus simpatizantes a la sede del Congreso.
A pesar de su citación a mediados de octubre, Bannon no compareció ante los legisladores invocando el derecho de los presidentes de Estados Unidos a mantener la confidencialidad de ciertos documentos y discusiones.
Pero según la comisión, esta protección no se aplica porque Trump ya no es presidente y nunca ha hecho valer oficialmente este privilegio del Ejecutivo.
Bannon fue uno de los artesanos de la campaña presidencial victoriosa del candidato republicano en 2016, antes de caer en desgracia.
No ocupaba ninguna función oficial el 6 de enero, pero al parecer habló sobre la protesta con el presidente en los días anteriores. Esto según la comisión de investigación.
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Se enfrenta a entre 30 días y un año de prisión por cada cargo y será juzgado en un tribunal federal.
La batalla legal podría llevar de todas maneras meses o años, lo que podría socavar la investigación.
Otro allegado a Trump, su exjefe de gabinete Mark Meadows, también rechazó una citación el viernes para comparecer ante la comisión de investigación, de mayoría demócrata.
La defensa de Meadows invocó una decisión judicial anunciada el jueves, que suspende temporalmente hasta el 30 de noviembre la transmisión de documentos internos de la Casa Blanca a la comisión.
El expresidente había invocado el derecho presidencial a mantener en secreto determinadas informaciones.
La comisión de investigación respondió en un comunicado que el actual presidente estadounidense, Joe Biden, ya había autorizado la divulgación de los documentos. Y que, por lo tanto, Meadows tenía la obligación de testificar, advirtiendo al exjefe de gabinete de que él también podría estar incurriendo en desacato al Congreso.
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