Acusa American Society a gobernador de Sinaloa de incitar al delito
Las críticas contra el Gobernador de Sinaloa es por instar a ocupar las bodegas de almacenamiento de maíz
En una polémica declaración, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, llamó a los campesinos a ocupar las bodegas de almacenamiento de maíz pertenecientes a empresas como Cargill, Gruma y Minsa.
Como era de esperarse, los estadounidenses señalaron que esta convocatoria debe ser considerada una acción ilegal e irresponsable.
Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, expresó su preocupación ante este llamado, calificándolo como una acción carente de legalidad.
Rubin enfatizó que estas empresas cumplen con sus obligaciones fiscales, generan empleo y realizan inversiones en México.
Además, señaló que el gobernador debe rectificar su postura, ya que su acto claramente incita al delito, respaldando la ilegalidad y el crimen.
Rubin informó que están buscando al gobernador para exponerle la importancia de promover el desarrollo del estado como un medio para atraer más inversiones.
El llamado del gobernador Rocha surgió como resultado de un bloqueo que los campesinos mantienen en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa; quienes exigen precios de garantía para el maíz.
Estos precios de garantía son apoyos gubernamentales que garantizan un precio mínimo para el maíz producido; sin embargo, las autoridades gubernamentales, a través de Segalmex, solo asegurarán el precio de 1.5 millones de toneladas, mientras que el gobierno de Sinaloa cubrirá medio millón de toneladas.
Esto significa que, de las 6.3 millones de toneladas totales de maíz, solo 2 millones serán beneficiadas con estos apoyos.
Capital, molesto
Ante esta situación, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), señaló la desesperación de los campesinos; ya que 4.3 millones de toneladas de maíz no contarán con precios de garantía; y se comercializarán en el mercado sin ningún programa de apoyo por parte del gobierno.
Esta controversia ha generado un debate sobre las políticas agrícolas y los mecanismos de apoyo a los productores.
Mientras algunos consideran que es necesario garantizar precios justos para proteger a los campesinos, otros argumentan que promover un clima favorable para la inversión.
Además, señalaron que se debe desarrollar la economía y beneficiar a largo plazo a los productores.
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