Acumula Agricultura anomalías por 127 mdp

19 de Diciembre de 2024

Acumula Agricultura anomalías por 127 mdp

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Foto: Cuartoscuro

La dependencia a cargo de Villalobos Arámbula es una de las que más irregularidades presupuestales no aclaradas encontró la ASF, y deberá investigar la Función Pública y FGR

Entrega de casi 80 millones de pesos a beneficiarios sin confirmar; casi un millón de pesos a trabajadores del campo que hace tiempo están muertos; así como irregularidades en cuatro programas que superan los 42 millones de pesos, encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Pero descubrió más. Se entregaron más de 18 millones de pesos a personas que no cumplían los requisitos; 150 expediente que no cuentan con la información completa y representa más de 84 millones de pesos; así como 4 millones que no han sido devueltos a la Tesorería. Todo esto, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suma anomalías por 127 millones 235 mil 252 pesos “pendientes por aclarar”.

La ASF analizó toda la información que le proporcionó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a cargo de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, pero no fue suficiente para acreditar que no se cometieron estas anomalías, por lo que la autoridad revisora presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuatro promociones de responsabilidad, y tres denuncias penales en la Fiscalía General de la República (FGR).

Cuatro programas irregulares

Al revisar el programa “Producción para el Bienestar” de Sader, la Auditoría encontró el pago a 13 mil 783 productores por 79 millones 620 mil 400 pesos, sin que cuente con las confirmaciones bancarias de que se entregó el dinero.

La Secretaría también entregó 959 mil 400 millones de pesos a otros 143 productores fallecidos “entre 8 y 287 días antes del pago de los apoyos”.
Esto se suma a la falta de documentación “justificativa y comprobatoria” por 42 millones 623 mil 600 pesos, que resulta de la diferencia entre el presupuesto ejercido en la partida 43101, en los programas “Subsidios para la Producción”, “Productores de Café" y “Productores de Caña de Azúcar”, y el que se reportó pagado en el Padrón de Beneficiarios.

Adicionalmente, la Auditoría identificó 2 mil 547 apoyos por 18 millones 567 mil 800 pesos “que no correspondieron a la población objetivo por no ser productores de pequeña y mediana escala”, como establecen las reglas de esos programas.

La Sader, desde hace casi dos años, no ha reintegrado a la Tesorería de la Federación 4 millones 31 mil 900 pesos, monto correspondiente “a recursos no aplicados por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y de productos financieros”.

En la revisión de los auditores, correspondiente a la última etapa de la cuenta pública de 2020, encontraron que la Secretaría de Villalobos Arámbula no lleva “un adecuado control del registro de los productores del programa ‘Producción para el Bienestar’, ya que se identificaron productores duplicados y registrados con Clave Única de Registro de Población (CURP) inválida o sin ella, además de proporcionar el acompañamiento a personas que no forman parte del Padrón de Beneficiarios del programa, asimismo no contaron con un mecanismo para identificar cuál fue la estrategia de acompañamiento técnico adoptada por el productor”.

Estos programas, que son vitales para el desarrollo del campo, también cuenta, de acuerdo con la ASF, con 150 expedientes “de predios y productores beneficiados” que engloban la entrega de apoyos por 837 mil 700 pesos, “de los que no se documentó con uno o más de los tres documentos relevantes para el otorgamiento de los apoyos directos, tales como la ubicación del predio (georreferencia), la acreditación de la propiedad del terreno y la CURP del productor beneficiado”.

Todo esto encontró la Auditoría, sólo auditando una muestra representativa del 21.8% del monto total de los recursos de estos programas. Como resultado de esta revisión, se enviaron 13 recomendaciones a la Sader y una solicitud de aclaración; así como 4 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que deberá atender la Función Pública y 3 pliegos de observaciones que podrían derivar de algún delito.