Acredita CNDH uso de “fuerza letal” de marinos en Tamaulipas; Semar acepta recomendación

La madrugada del 25 de marzo de 2018 una familia se dirigía a su casa, pero al circular sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio, en Nuevo Laredo Tamaulipas su viaje se convirtió en una tragedia fatal. Sin previa advertencia, desde los aires, un helicóptero de la Marina abrió fuego en su contra; una mujer y dos de sus pequeñas hijas murieron, tres más de los tripulantes resultaron heridos, pero fueron abandonados a su suerte.

Los hechos se suscitaron en medio de una serie de enfrentamientos que desde un día antes sostenían infantes de Marina e integrantes del crimen organizado, presuntamente del Cártel del Noreste. Al término de la refriega, los peritos recopilaron más de tres mil elementos balísticos, entre los cuales se evidenció que los civiles armados habrían atacado a los marinos con fusiles antiaéreos calibre 50.

Tras la investigación del caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) logró acreditar que los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) utilizaron la fuerza letal de manera arbitraria, además de que fueron omisos respecto a brindar atención y auxilio a quienes sobrevivieron al ataque armado en el que “se empleó una ametralladora que tiene la capacidad de disparar tres mil proyectiles por minuto”. Ante este panorama, este miércoles emitió la Recomendación 4/2019, dirigida al secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán.

De acuerdo con las indagatorias sobre los hechos ocurridos el año pasado, la familia agredida habría quedado en la línea de fuego cuando circulaba justo en el momento en el que los presuntos criminales, estacionados en un par de vehículos, abrieron fuego contra el personal naval. El saldo del choque armado fue de un capitán fallecido y una docena de marinos heridos; y tres de los agresores abatidos, dos de ellos portaban chalecos tácticos apócrifamente con las siglas “Semar”.

En la recomendación, la CNDH señala que aun cuando los efectivos navales argumentaron que en ese sitio habían sido atacados con disparos de arma de fuego y respondieron a la agresión, se constató que la aeronave no presentaba daño alguno, “por lo que el uso de la fuerza letal no cumplió con las características de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad, y su empleo devino en arbitrario y contravino lo establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, que establece el Manual del uso de la fuerza de aplicación común a las tres fuerzas armadas”, entre otra serie de omisiones y violaciones que documentó el organismo sobre la actuación de los marinos.

La CNDH reiteró que no obstante que las autoridades de la SEMAR señalaron en un comunicado de prensa que la agresión a las víctimas fue producto de fuego cruzado en tierra y que el armamento empleado no correspondía al utilizado por las aeronaves de la Armada de México, un dictamen en materia de criminalística determinó que el automóvil presentaba 38 orificios por proyectil de arma de fuego, con trayectoria de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de afuera hacia dentro del vehículo, lo que coincide con los testimonios de los sobrevivientes, quienes indicaron que la agresión ocurrió desde el helicóptero.

“La CNDH también acreditó que esos disparos no tuvieron como propósito disuadir, sino se tradujeron en uso arbitrario de la fuerza letal, al incumplir los principios de estricta necesidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad. Además, la unidad de la SEMAR no contaba con equipo para realizar videograbaciones nocturnas para documentar la actuación de sus elementos, lo que contraviene diversas disposiciones legales sobre el particular”, indica el pronunciamiento de la Comisión.

Marina pide disculpas y acepta recomendación

En seguimiento a la serie de señalamientos y exhortos que la CNDH hizo a la Secretaría de Marina Armada a través de la Recomendación 04/2019, en los cuales se incluye la omisión de equipo para documentar la actuación del personal operativo, la reparación integral de los daños ocasionados, incluyendo su inscripción Registro Nacional de Víctimas; así como colaborar en los procedimientos administrativos y denuncia que se inicien tanto por el Órgano Interno de Control de la Marina, y la Fiscalía General de la República.

En respuesta, la Semar confirmó a través de un comunicado la aceptación de la Recomendación 04/2019, y enumeró la serie de medidas y acciones que la institución ha tomado como parte de la atención a la recomendación del organismo autónomo, entre los cuales reconoció que al mes de los hechos, e titular de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Marina se presentó en el Hospital en el que se encontraban los sobrevivientes de la agresión “para ofrecerle una disculpa privada por los hechos ocurridos”.

Como parte de las acciones, la Semar giró las instrucciones correspondientes para que se coordinara y brindara la atención médica, psicoterapéutica y psicológica para las víctimas directas e indirectas, por lo que se abrieron tres Fideicomisos para sufragar los gastos de los menores sobrevivientes y garantizar su educación hasta en tanto cumplan 23 años de edad, concluyan sus estudios superiores y/o puedan iniciar un negocio u oficio con el fin de garantizar el derecho a un proyecto de vida y a la educación.

De igual forma reiteraron su colaboración en el desahogo de los requerimientos tanto del OIC de la propia Semar como de la FGR sobre las indagatorias del caso; se instruyó al personal naval para que empleen “permanentemente y sin excepción” las cámaras fotográficas, de videograbación y de grabación de audio que documente los hechos en que intervengan; entre otras medidas, de manera generalizada, la dependencia indicó que “se ha designado al Jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

En su comunicado abundó: “esta Institución continuará siendo respetuosa de los dictámenes que emitan las autoridades encargadas de velar por la protección y defensa de los derechos humanos de nuestro país, promoviendo la cooperación entre instituciones para el cumplimiento de las atribuciones de la CNDH, como lo es procurar la conciliación entre personas afectadas y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del mismo así lo permita”.