El acoso judicial contra periodistas y defensores de los derechos humanos se incrementó en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2019 los casos registrados sumaron 21, pero el año pasado casi se duplicaron hasta llegar a los 39, de acuerdo con el informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Artículo 19.
Las organizaciones alertaron del uso político de tipos penales, civiles y legislaciones sobre propiedad intelectual para sancionar el ejercicio de la libertad de expresión y para inhibir la labor de periodistas y activistas.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el informe “Leyes del Silencio” apunta que juicios llenos de dilaciones, hostigamientos de las autoridades y entes privados, así como detenciones arbitrarias, indemnizaciones elevadas contra comunicadores y campañas de difamación son sólo algunos de los elementos que configuran el acoso judicial en México.
Además del acoso judicial, en lo que va de la administración morenista han sido asesinados 18 periodistas, el caso más reciente es el de Benjamín Morales, cuyo cuerpo fue hallado este lunes en un predio a un costado de la carretera rumbo a Caborca, Sonora.
Nombres como el de Roberto Saucedo, Arnoldo Cuéllar, Leonardo García, Pedro Canché y Sergio Aguayo son parte del listado de periodistas víctimas de acoso judicial, una práctica que fue denunciada por las organizaciones Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Artículo 19 como un patrón de comportamiento del Estado mexicano contra la libertad de expresión.
El informe “Leyes del Silencio” alertó que figuras de derecho penal —como la difamación, calumnia e injuria—, del derecho civil —por ejemplo, el daño moral— y leyes estrictas en materia de propiedad intelectual son usadas de forma política para inhibir la libertad de prensa y abonan al acoso judicial contra comunicadores.
Los datos duros de la investigación señalan que con el mandato de López Obrador, las víctimas de acoso judicial crecieron. En 2017 hubo 13 casos; en 2018, 21, al igual que el año siguiente, pero en 2020 la cifra se disparó hasta las 39 personas afectadas por juicios llenos de dilaciones, hostigamientos de las autoridades y entes privados, así como detenciones arbitrarias, indemnizaciones elevadas y campañas de difamación.
692 agresiones contra la prensa en México documentó la organización Artículo 19; 49% de los casos son atribuidos a servidores públicos.
Ambas organizaciones coincidieron en que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido varias directrices en relación con la libertad de expresión, los tribunales locales las desacatan.
El impacto del acoso judicial no sólo está en el espectro legal, también tiene efectos sociales, pues los periodistas padecen la estigmatización de su labor y los estragos pueden llegar hasta lo laboral y económico debido a los recursos que requiere llevar un proceso judicial y a la amplia posibilidad de perder el trabajo.
En lo que va de la administración morenista han sido asesinados 18 periodistas, el caso más reciente es el de Benjamín Morales, cuyo cuerpo fue hallado este lunes en un predio a un costado de la carretera rumbo a Caborca, Sonora.
